El Gobierno ha dado a conocer la apertura del periodo para solicitar las becas SERÉ, con un presupuesto significativo de 15,6 millones de euros. Estas becas, que beneficiarán a aspirantes a jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado, ofrecen una ayuda anual de 12.000 euros a los seleccionados.

Este anuncio proviene del Ministerio de la Presidencia, encabezado por Félix Bolaños, quien ha destacado que se pone en marcha una iniciativa sin precedentes en términos de inversión para el ejercicio 2025, con un total de 1.300 becas disponibles para los opositores.

En detalle, la convocatoria incluye 930 apoyos para carreras judiciales y fiscales, además de 230 para Letrados de la Administración de Justicia y 40 más destinadas a abogados del Estado. Aparte de esto, se han creado 100 becas adicionales que combinan apoyo económico y en especie, dirigidas a facilitar la preparación de los aspirantes mediante asistencia tanto directa como para su mantenimiento.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 9 hasta el 23 de junio, y los interesados deberán completar su solicitud a través de las plataformas electrónicas habilitadas por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio ha subrayado que esta nueva ronda de becas refleja el compromiso del Gobierno por fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, garantizando que solo el mérito y la capacidad sean factores determinantes para ingresar en los cuerpos más exigentes de la justicia.

Desde su inicio en 2022, el programa ha visto un crecimiento notable en el número de beneficiarios y en la inversión pública, multiplicándose por diez. Esto ha resultado en un aumento en la cantidad de ayuda por beca, que ha pasado de 6.600 a 12.000 euros, así como en el número total de becas, que se expandió de 245 a 1.300.

Además de la inversión, se ha implementado un programa de acompañamiento a cargo del Centro de Estudios Jurídicos, que proporciona a los seleccionados la posibilidad de recibir asistencia académica personalizada de profesionales en activo en las carreras judicial y fiscal.

Por último, el Gobierno ha asegurado la estabilidad futura de estas becas a través de un proyecto de ley actualmente en trámite que modifica el acceso a las carreras judiciales y fiscales. Esta reforma tiene como objetivo establecer la naturaleza estructural del programa y fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como la ayuda mínima que se otorgará.