El 29 de enero, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha demanded la renuncia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debido a la crisis que enfrentan los servicios ferroviarios de alta velocidad y Rodalies en Cataluña. Pujol recordó que su grupo político ya había alertado sobre las posibles consecuencias de esta situación.

Durante su intervención en el Pleno extraordinario del Senado, donde Puente compareció para explicar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y la problemática de Rodalies, Pujol fue contundente: “Esto se ha acabado”, proclamó, dejando claro que no tolerarán más ineficiencias.

El portavoz de Junts reiteró su llamado a la renuncia de Puente en dos ocasiones, enfatizando que la gravedad de la situación no debe ser ignorada, especialmente tras las tragedias ocurridas en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Además, criticó el traspaso de Rodalies a la Generalitat, considerándolo un error de grandes proporciones.

Pujol enfatizó que la decisión de transferir Renfe a la Generalitat es un “plan defectuoso” y advirtió al ministro de que deben tomar medidas urgentes: “O actúan por su propia voluntad, o responderán ante la presión del pueblo”, afirmó con firmeza.

El dirigente de Junts también destacó que la inacción ha llevado a muertes en España y a una Cataluña "paralizada por una movilidad ineficaz". Reconoció que, si bien el AVE y Rodalies son problemas distintos, ambos son el resultado de la incapacidad de los gobiernos del PP y PSOE, a quienes acusó de ser los verdaderos responsables de estos fracasos.

Posteriormente, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sara Bailac, tomó la palabra, arremetiendo contra Puente al afirmar que ha "dimidido de facto" su responsabilidad hacia Cataluña.

Bailac subrayó que la reciente semana marcada por el caos en Rodalies no fue suficiente motivo para que el ministro se desplace a Cataluña y lidere la resolución de la crisis. Alentó a Puente a rectificar, haciendo hincapié en que la seguridad ferroviaria exige una planificación estratégica, una gestión competente y la inversión adecuada para cumplir con las necesidades de infraestructura seguras y bien administradas en la región.