La representante de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado que su partido se opondrá al nuevo real decreto ley conocido como 'escudo social'. Este decreto incluye la extensión de la suspensión de desahucios para los hogares más vulnerables cuando el propietario sea un gran tenedor o un fondo buitre, además del bono social energético hasta finales de 2026.

Nogueras ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, según ella, intentó amalgamar la cuestión de las pensiones con la problemática de las ocupaciones en un mismo decreto la semana pasada. Sin embargo, el partido se mantuvo firme y no aceptó lo que consideran un chantaje, a pesar de las presiones ejercidas. ''El Gobierno se vio obligado a rectificar'', afirmó Nogueras.

En un vídeo compartido en Instagram, la portavoz de Junts manifestó que, después de examinar en detalle el contenido del decreto, decidieron rechazar la prórroga de las medidas contra los desahucios. A su juicio, estas medidas no solo no resuelven el problema, sino que son injustas. Por tanto, se prevé que el decreto no obtenga los votos necesarios en la Cámara Baja.

''El gran costo de este escudo social, del que tanto presumen las fuerzas de izquierda en España, lo están asumiendo pequeños propietarios y vecinos'', enfatizó Nogueras, quien defendió que el peso de la moratoria debería ser soportado por el Gobierno. ''Si hay recursos para pagar a millones de euros a inspectores de Hacienda, también los debe haber para ayudar a quienes de verdad lo requieren'', subrayó.

Nogueras también afirmó que el Gobierno de coalición ha tenido ''seis años para brindar una solución'' al problema de las ocupaciones, pero considera que no ha hecho los deberes adecuados en este ámbito. Sin embargo, Junts ya había expresado su respaldo al decreto específico sobre pensiones, celebrando la inclusión de su revalorización en un marco legislativo aparte.

Por otro lado, el PNV ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para que el escudo social se extienda a los propietarios que sólo tengan una vivienda en alquiler, de manera que evitarán convertirse en ciudadanos vulnerables al asumir la carga del impago de alquileres.

El Consejo de Ministros ha aprobado así el nuevo 'escudo social', en un contexto en el que el pasado 27 de enero el Congreso había rechazado la convalidación de un decreto que unía en un solo documento la subida de pensiones con las medidas sociales, que incluían la suspensión de desahucios en situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El decreto mantiene, por tanto, el 'escudo social' para inquilinos que no tienen una opción alternativa y que, debido a imprevistos, no pueden hacer frente a sus pagos. Sin embargo, en concordancia con el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, los propietarios con una o dos viviendas no se verán impactados por la extensión de estas medidas, y será responsabilidad de los servicios sociales encontrar alternativas habitacionales para los inquilinos vulnerables.

Este acuerdo ha sido objeto de fuerte crítica por parte de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien lo ha calificado de ''asco absoluto''. En una publicación en X, Belarra afirmó que el PNV y el PSOE han convenido permitir que inquilinos vulnerables sean desalojados de viviendas de caseros que ''solo'' tienen una casa para alquilar, resaltando que estos propietarios pertenecen al segmento más acomodado de la sociedad.