En un desarrollo reciente de la investigación que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el juez encargado del caso ha tomado la decisión de solicitar a varias entidades bancarias información detallada sobre los movimientos y saldos de las cuentas de Gómez. Esta solicitud abarca desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2024 y se basa en los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO). La intención del juez es esclarecer cualquier posible irregularidad en las finanzas de Gómez, en un contexto donde la transparencia es crucial.

Según informes a los que ha accedido Europa Press, el juez ha centrado su atención en las cuentas bancarias identificadas por la UCO. A partir de esto, ha autorizado a los funcionarios de esta unidad a solicitar cualquier aclaración o documentación adicional que consideren necesaria para comprender completamente los hechos en cuestión. Este enfoque proactivo podría ser fundamental para iluminar la verdad detrás de este caso que ha suscitado gran interés público.

En un giro del procedimiento, el juez también ha manifestado su inquietud acerca del reciente listado de puestos de trabajo en la presidencia del Gobierno. En respuesta a la información proporcionada, que no incluye el cargo de "asesor", se ha requerido un nuevo organigrama que detalle las funciones específicas desempeñadas en Moncloa. Esta insistencia radica en la necesidad de esclarecer la verdadera naturaleza de los roles dentro del gabinete presidencial, que ha sido objeto de debates y controversias.

A pesar de las implicaciones que podría tener, el juez ha optado por no incluir a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, como investigada en el caso. Sin embargo, no escatima esfuerzos y requiere un informe detallado de la UCO que incluya un registro de correos electrónicos y llamadas. Estos comunicados están relacionados con personas y entidades clave, como la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés, que podrían estar conectados con los másters o cátedras en los que Gómez participó.

El magistrado también ha solicitado a la UCO que investigue los correos electrónicos corporativos de Begoña Gómez, tanto los vinculados a su papel en la Universidad Complutense como los relacionados con su trabajo en la presidencia del Gobierno. Esto incluye aquellos correos que se hayan intercambiado con las entidades mencionadas anteriormente, lo que demuestra un enfoque exhaustivo en busca de posibles vínculos o irregularidades.

A pesar de las solicitudes formuladas, el juez ha decidido desestimar la petición de Vox que buscaba acceder a la agenda de visitas de Begoña Gómez, argumentando que esta documentación puede haber sido manipulada. Esta decisión resalta la complejidad y la sensibilidad del caso, al tiempo que subraya la importancia de garantizar la integridad de la información en juego.

Finalmente, el juez ha convocado a declarar a Elvira Sánchez Trompeta, quien fue jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid en el periodo en que se firmó el contrato con la empresa de Juan Carlos Barrabés. Su testimonio, programado para el 22 de enero, podría aportar nuevas perspectivas sobre la situación y enriquecer el entendimiento de este polémico caso que continúa captando la atención de la opinión pública.