En un giro más dentro del caso 'Leire', el juez Arturo Zamarriego ha decidido consultar a la Fiscalía sobre la posibilidad de citar como testigos al exsecretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, y al diputado del PSOE, Juan Francisco Serrano. Ambos personajes están relacionados con una reunión sospechosa que involucra a la exmilitante del partido, Leire Díez.

La solicitud fue realizada por la asociación Hazte Oír y se revela a través de una providencia publicada por Europa Press. La decisión del magistrado abre la puerta a un mayor escrutinio sobre la participación de altos funcionarios socialistas en este caso que ha cobrado notoriedad en el ámbito político.

Antonio Hernando, exsecretario de Telecomunicaciones y miembro destacado del PSOE, expresó el lunes que tanto Antolín como Serrano fueron parte de un encuentro con Díez, donde se discutieron detalles concernientes a documentos que ella y el también investigado Javier Pérez Dolset poseían, relacionados con la conocida como 'policía patriótica' y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La situación se complica aún más con la presencia de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien también participó en la reunión y reveló ante el juez que no informó al presidente sobre lo tratado en esos encuentros. Cerdán aseveró que la conversación giró en torno a unos audios que involucraban al suegro de Sánchez, vinculados a las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Además, el juez ha dado entrada a los escritos del exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, quienes apelan la decisión que impidió su personación como perjudicados en este proceso judicial.

La investigación se centra en Díez, a quien el juez acusa de liderar una supuesta "actuación delictiva, continuada y coordinada" junto a Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Su objetivo, según el magistrado, sería obtener información comprometida de altos mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción para desvirtuar investigaciones que podrían afectar a figuras políticas y empresariales relevantes.

El caso se ha intensificado tras la difusión de audios en los que se escucha a Díez ofreciendo ventajas al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información perjudicial para miembros de la UCO y del Ministerio Público. Leire Díez, bajo la lupa por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, ha cuestionado la autenticidad de estas grabaciones en su declaración del pasado noviembre.

Por último, el juez ha decidido acumular a la causa la denuncia presentada por la Fiscalía, que apunta a un presunto intento de soborno por parte de Díez hacia los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. La exmilitante socialista continúa siendo investigada por los graves cargos que enfrenta.