Granada, 7 de enero. La abogada de Juana Rivas, quien fue condenada a prisión tras la sustracción de sus dos hijos en el verano del 2017, ha solicitado este martes a la Fiscalía Provincial medidas de protección internacional para su hijo menor. Esto ocurre en el contexto del inminente regreso del niño a Italia, donde vive con su padre, después de pasar las vacaciones navideñas en España.

La petición surge tras que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada se haya inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2. Este último cuenta con un procedimiento en marcha, debido a la denuncia de la madre de Maracena contra su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri. La denuncia busca medidas cautelares que impidan que el menor regrese con su padre.

En un comunicado enviado a los medios, el despacho legal Aránguez Abogados ha explicado que la decisión de dirigirse a la Fiscalía Provincial fue tomada tras no obtener las medidas cautelares solicitadas para el niño, quien se encuentra en lo que describen como una “clara situación de riesgo”. La defensa subraya la urgencia de escuchar al menor y argumenta que su vida podría estar en peligro.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han aclarado que la normativa establece que los juzgados penales tienen preferencia sobre los civiles cuando hay procedimientos paralelos, lo que fue la causa de la inhibición del Juzgado de Primera Instancia a la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer.

Aunque el Juzgado de Violencia de Género decidió archivar la denuncia de la madre, el procedimiento sigue activo al haberse recurrido la resolución, lo que significa que la decisión final aún no es firme.

En relación a este asunto, se señala que la solicitud de protección urgente para el menor fue presentada el 30 de diciembre, pero debido a que el 1 y 2 de enero eran días inhábiles, no fue hasta el 3 de enero que se solicitó a la parte demandante que corrigiera ciertos defectos de forma. Como consecuencia, la demanda no pudo ser siquiera procesada.

Desde Aránguez Abogados insisten en que dada la "extrema urgencia del caso", dado que el 8 de enero el menor debería regresar a Italia, han decidido dirigirse a la Fiscalía. Subrayan que el padre está bajo investigación por maltratar al niño, lo cual complica aún más la situación.

En la misma comunicación, el equipo legal de Rivas ha informado que han recibido notificación de la Corte de Apelación de Cagliari, Italia, indicando que el menor debe regresar a Italia con su padre antes del 8 de enero. Este requerimiento llega a pesar de las solicitudes previas que argumentaban que el niño está en "grave riesgo".

El bufete ha destacado que la petición de medidas cautelares de protección presentada el 26 de diciembre no fue respondida, lo que llevó a su intervención en el Juzgado número 10 de Granada para pedir la comparecencia urgente del menor y su respectiva audiencia. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada, y ahora cabe la posibilidad de apelar esa decisión ante la Audiencia Provincial.

En una declaración previa, el equipo jurídico de Rivas destacó que al llegar a España, el niño había expresado sentir que su padre lo coacciona y amenaza. Esto motivó la denuncia ante el sistema penal italiano y se complementa con una denuncia previa realizada en un juzgado de Málaga.

El menor ha manifestado tener un “terrible miedo” hacia su padre y teme por su vida si retorna a Italia. Por ello, su defensa está solicitando que se le permita permanecer en España junto a su madre y su hermano mayor.

Adicionalmente, se ha informado que Arcuri ha estado enviando mensajes intimidatorios a Juana, y su conducta ha sido caracterizada por una serie de intentos de contacto agresivo, lo que podría constituir un delito de acoso y violencia de género. Rivas, por su parte, expresa su deseo de que su hijo Daniel pueda finalmente reunirse con ella y su hermano, poniendo fin a un periodo que describe como uno de los más difíciles de su vida. El caso ha sido valorado por el Ministerio del Interior español como de "relevancia especial" y se ha activado el protocolo Viogen, indicando un alto riesgo para la madre y sus hijos.