En un giro significativo de la contienda política internacional, las autoridades israelíes han dado a conocer este miércoles su intención de apelar ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) la orden de arresto emitida en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Estas acusaciones están relacionadas con presuntos crímenes de guerra en el contexto de la ofensiva militar emprendida contra Hamás en la Franja de Gaza.

La oficina del primer ministro ha comunicado que han solicitado un "retraso en la ejecución de las órdenes de arresto", señalando que el documento presentado al TPI pone de manifiesto cuán infundada y carente de fundamento tanto legal como fáctico ha sido la decisión de emitir tales órdenes en contra de Netanyahu y Gallant.

La oficina del primer ministro también ha declarado que, si el tribunal decide rechazar la apelación, esto evidenciará aún más ante los aliados de Israel, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, la parcialidad del Tribunal Penal Internacional hacia el Estado hebreo.

Estos comentarios surgen tras una reunión entre Netanyahu y el senador estadounidense Lindsey Graham, quien ha dado a conocer que los republicanos en el Congreso de Estados Unidos están impulsando una serie de medidas en contra del TPI. Esta acción refuerza la idea de que la administración israelí busca apoyo en su lucha contra lo que considera una injusticia internacional.

Desde la oficina de Netanyahu, se ha enfatizado la postura de que Israel renuncia a la autoridad y la legitimidad del TPI, así como de las órdenes de arresto que han sido emitidas en contra de su líder y del exministro de Defensa.

Las órdenes de arresto se originaron debido a acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad, los cuales supuestamente fueron cometidos en el curso de la ofensiva militar que Israel lanzó hace más de un año, como respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos.

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha afirmado que estas órdenes son "vinculantes". No obstante, algunos países miembros de la UE han adoptado una postura cautelosa respecto a la aplicación de dichas órdenes, siendo Hungría y Francia ejemplos notables. Francia, en particular, ha manifestado que Netanyahu tendría "inmunidad" en caso de que decidiera visitar el país.