En el contexto del llamado 'caso Koldo', este lunes se han presentado ante la justicia los investigados Luis Alberto Escolano y César Moreno García, quienes han expresado su desvinculación de la supuesta trama delictiva relacionada con la adquisición de mascarillas durante la pandemia. A pesar de las acusaciones, ambos insistieron en su inocencia en el transcurso de las audiencias.

De acuerdo con fuentes legales consultadas por Europa Press, Escolano y Moreno se limitaron a responder preguntas formuladas exclusivamente por sus defensas y rechazaron categóricamente cualquier relación con los contratos que están actualmente bajo investigación. Esta causa ya ha derivado en acciones legales contra el exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo.

Al concluir las declaraciones, Aléxis Aneas, abogado de la acusación popular representada por Liberum, mencionó a los medios que el interrogatorio centrado por las defensas se enfocó únicamente en los contratos para la compra de mascarillas, involucrando al Ministerio de Transportes y a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Aneas expresó su preocupación por el hecho de que no se tomaran en cuenta las implicaciones reveladas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a conexiones con otras empresas domiciliadas en Portugal.

Además, resaltó que las declaraciones de los investigados no habían aportado información relevante sobre lo que considera aspectos cruciales de la investigación. Concretamente, detalló cómo ciertos funcionarios habrían buscado obtener beneficios otorgando licencias como brókeres o distribuidores de productos farmacéuticos a través de entidades extranjeras.

Aneas también abordó la reciente declaración voluntaria de Víctor de Aldama, presunto 'conseguidor' de la trama, indicándoles que su equipo está evaluando la posibilidad de solicitar diligencias adicionales. Resaltó que su decisión dependerá de las iniciativas que tome el fiscal Luis Pastor en los próximos días, subrayando la gravedad de las alegaciones presentadas que, a su entender, merecen una investigación exhaustiva, sea cual sea su resultado final.

El abogado de otra acusación popular, Hazte Oír, coincidió con Aneas en que tanto Escolano como Moreno han negado vínculos de las empresas donde eran socios con contratos públicos relacionados con mascarillas o servicios sanitarios.

Es relevante mencionar que este mismo lunes estaba programada la declaración de Ignacio Díaz Tapia, otro de los implicados que formaba parte del grupo conocido como 'los cuatro mosqueteros', que ha sido mencionado en informes de la UCO. Su vinculación con Soluciones de Gestión, la empresa central en esta investigación, ha levantado varios interrogantes.

Sin embargo, se ha decidido que su comparecencia se posponga hasta el martes, donde también se espera la presencia de los investigados Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo, quien era la secretaria de De Aldama.

En un reciente informe del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se establece que la investigación ha revelado que Díaz Tapia, Escolano, Moreno, Serrano y Losada podrían haber incurrido en delitos de blanqueo de capitales y que todos ellos estarían “especialmente vinculados” a Víctor de Aldama. Se subraya, además, la posible imputación por integración en una organización criminal, y se sugiere que a Díaz Tapia, Escolano y Serrano Costumero se les podría acusar de cohecho debido a sus supuestos pagos a otros investigados que desempeñaban funciones públicas.

En un atestado realizado en febrero, la UCO aseveró que De Aldama y su grupo —que se hacían llamar los “4 mosqueteros”— habrían pagado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos. Este pago fue registrado junto con conversaciones mantenidas entre los implicados antes de su arresto, destacando que dichos mensajes implicaban a Koldo en actividades delictivas y potenciales conductas de lavado de dinero.

Las conversaciones recogidas revelan también un contexto insidioso donde se coordinaban encuentros y pagos clandestinos. En uno de los mensajes, se indica específicamente cómo se debía contactar a Koldo, destacando una serie de referencias a números de dinero y gestiones que podrían interpretarse como corrupción o ilegalidades.

El informe de la Guardia Civil también resalta cómo, en comunicaciones entre los investigados, se evidencian relatos sobre reuniones previas y negociaciones con distintos niveles del gobierno, lo que refuerza la imagen de una red organizada por el acceso y manipulación de contratos públicos.

La información tratada refleja, en definitiva, un entramado complejo donde las interacciones audaces entre funcionarios y empresarios muestran un patrón de revisión serio sobre la ética en la adjudicación de contratos durante un periodo crítico. La investigación continúa llamando la atención tanto por sus implicaciones políticas como por su relevancia social en un tiempo donde la gestión pública es fundamental para el bienestar de todos.