Madrid, 25 de octubre de 2025. Las autoridades españolas han arrestado a ocho menores en conexión con el terrorismo yihadista, como ha comunicado el Gobierno. Este hecho destaca la continua preocupación por la seguridad nacional y las medidas implementadas en las fronteras para prevenir la entrada de individuos vinculados a redes de terrorismo provenientes de zonas de conflicto.

El Ejecutivo ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan un seguimiento minucioso sobre posibles inmigrantes que puedan tratarse de combatientes terroristas extranjeros, conocidos en inglés como FTF (Foreign Terrorist Fighters). Esta vigilancia se centra especialmente en aquellos provenientes de áreas en conflicto, una acción que se coordina con la Agencia Europea para la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex.

En respuesta a inquietudes planteadas por el Partido Popular sobre la advertencia de Frontex acerca de la presencia de personas vinculadas a grupos criminales en embarcaciones desde Argelia hacia España, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con la vigilancia de las costas, así como el despliegue de recursos en los puntos de llegada de estas embarcaciones.

La Administración también ha enfatizado la importancia de mantener relaciones bilaterales con los países de origen de la migración y ha hecho referencia al Plan Operativo de la Operación Índalo. Este plan, que se lleva a cabo en colaboración con Frontex, implica la movilización de recursos de la Policía y la Guardia Civil, junto al respaldo de unidades especializadas en temas de extranjería y fronteras.

Además, el Gobierno ha mencionado que cada año se solicita una evaluación de los recursos a Frontex y ha instado a la espera de resultados de la actual 'Operación Canary Islands' 2025 para tener una visión más clara de la situación.

En cuanto a los menores detenidos por su presunta relación con el terrorismo yihadista, el Gobierno ha compartido únicamente cifras junto con los detalles del expediente en el Juzgado Central de Menores y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Vox, por su parte, ha requerido información adicional sobre la nacionalidad y edad de estos individuos, así como sobre si alguno de ellos tiene padres de origen extranjero o si ingresaron a España de forma ilegal.