Interior debe 76 millones a comunidades por asistencia sanitaria en prisiones

El Ministerio del Interior reconoce una deuda de 76,3 millones de euros con las comunidades autónomas por gastos sanitarios en prisiones desde 2018. Hasta ahora, se han abonado 121,4 millones en total.

Este incumplimiento refleja la complejidad de traspasar la gestión sanitaria penitenciaria a las comunidades, en un contexto donde la ley 16/2003 establece la integración de estos servicios en el Sistema Nacional de Salud. Solo el País Vasco, Navarra y Cataluña han realizado transferencias completas en años anteriores.

La deuda afecta principalmente a Madrid, con 27,2 millones pendientes, seguido de Andalucía, con 14,8 millones. Otras regiones como Baleares, Aragón y Canarias también mantienen cifras relevantes en el saldo pendiente.

El Gobierno insiste en su compromiso de avanzar en la transferencia de funciones sanitarias, aunque admite que, en ausencia de un traspaso formal, ha firmado convenios para facilitar la interoperabilidad y mejorar la atención a los internos. Estos acuerdos permiten a los profesionales acceder a datos clínicos de los reclusos en los hospitales públicos.

Este retraso en la transferencia de competencias coincide con debates políticos sobre la gestión de los recursos en materia penitenciaria y sanitaria. La falta de traspasos completos puede tener implicaciones en la calidad y continuidad de la atención sanitaria en los centros penitenciarios.

De cara al futuro, la evolución de esta situación dependerá de la voluntad política y de la capacidad del Estado y las comunidades para cumplir con la ley. La integración plena es vista por algunos como un paso necesario para garantizar derechos y mejorar la eficiencia del sistema sanitario penitenciario.