Los contratos de arrendamiento que se han formalizado antes de la entrada en vigor de la nueva legislación sobre vivienda, específicamente aquellos firmados antes del 25 de mayo de 2023, podrán seguir ajustando sus rentas anuales basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

MADRID, 2 de enero. Con miras al futuro, todos aquellos contratos de alquiler que tengan previsto actualizar sus precios a partir de 2025 y que hayan sido firmados tras la implementación de la Ley de Vivienda, que se materializó el 25 de mayo de 2023, se verán obligados a adoptar el nuevo índice que ha sido creado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice será publicado por primera vez el día jueves de esta semana.

El INE se compromete a difundir este índice mensualmente, el cual servirá como límite en la revisión anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. Este índice se expresará con dos decimales y se calculará utilizando los datos mensuales más recientes disponibles, los cuales determinarán cómo se revalorizarán los contratos de arrendamiento firmados después de mayo de 2023.

El índice recién creado toma en cuenta de manera conjunta el IPC, la inflación subyacente y las variaciones en las tasas de crecimiento anual tanto del IPC como de la inflación subyacente de cada mes. Además, incluirá un parámetro propuesto por la Dirección General de Política Económica, que está relacionado con las proyecciones de crecimiento a largo plazo de dicho índice.

A estas diferencias se les aplicará un coeficiente moderador, también definido en colaboración por la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, tomando en cuenta las condiciones del mercado de alquiler.

Por lo tanto, con la llegada de este nuevo índice por parte del INE, se establecerá como referencia para el ajuste anual de los contratos de arrendamiento el menor valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, todo ello bajo la metodología que ha sido previamente aprobada.

La publicación de este índice representa un cumplimiento de la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, donde se estipula que el organismo deberá definir, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización de contratos de arrendamiento, diseñado con el fin de evitar incrementos desproporcionados en los alquileres.

En el contexto de 2024, la tasa para actualizar los alquileres estuvo excepcionalmente limitada a un 3%, un límite impuesto como consecuencia del aumento de precios derivado del conflicto en Ucrania.

No obstante, esta restricción no ha sido la única medida adoptada por el Gobierno para contrarrestar la crisis inflacionaria generada por la guerra en Ucrania. A través de un Real Decreto-Ley, se decidió limitar la actualización anual de contratos de arrendamiento para 2022 y 2023 en función del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que tiene un límite fijado en el 2% y nunca puede caer por debajo del 0%.

Por otro lado, los inquilinos que hayan firmado contratos antes de la implementación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, es decir, aquellos establecidos antes de mayo de 2023, continuarán actualizando sus rentas anuales de acuerdo al IPC o al IGC, dependiendo de lo estipulado en el contrato original.

Fuentes del Ministerio de Vivienda, en declaraciones a Europa Press, han aclarado que la revalorización anual de la renta se llevará a cabo a partir de la cifra de inflación vigente en el momento de cada actualización o utilizando el IGC, que por ley no podrá sobrepasar el 2% en ningún caso.