La Junta Directiva de Indra tiene prevista una reunión este jueves con el propósito de avanzar en la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Sin embargo, el encuentro se desarrollará en un ambiente de incertidumbre, ya que el Gobierno está inquieto por la posibilidad de perder el control sobre la principal firma nacional de defensa, mientras que también se enfrenta a una disputa legal con Santa Bárbara Sistemas, una filial de General Dynamics en España.

Indra busca continuar con la absorción de EM&E, aunque en este proceso se presentan múltiples conflictos de interés. Esto se debe a que el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E, están directamente relacionados con la operación, dado que EM&E posee un 14,3% de las acciones de Indra.

Es notable que EM&E es el segundo accionista más importante de Indra, sólo superado por el Gobierno, que controla el 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aunque en un principio el Ejecutivo apoyaba la fusión, ahora hay serias dudas sobre la conveniencia de la operación en su formulación inicial. Verán el riesgo de perder control sobre una empresa clave en el ámbito de la defensa, especialmente ante el delicado escenario geopolítico actual.

Un aspecto crucial de este proceso de fusión es la valoración de EM&E, que definirá las condiciones de intercambio de acciones y el impacto que la empresa tendrá en la estructura de capital de Indra. No obstante, fuentes de medios como 'Expansión' y 'El Confidencial' han indicado que en la reunión del consejo se explorarán opciones distintas a la fusión por absorción.

En medio de las inquietudes gubernamentales, Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con un 7,24% de participación, se ha posicionado a favor de la fusión. Camilio Azzouz, CEO de Amber, ha argumentado que es fundamental que todas las partes estén alineadas para formar un 'campeón nacional' en el sector de defensa, según declaraciones publicadas en el diario 'Cinco Días'.

Aparte de las discusiones sobre la fusión, la reunión también se verá afectada por la disputa legal que ha empezado Santa Bárbara Sistemas contra la concesión de ciertos contratos militares a favor de Indra y Escribano. El Tribunal Supremo ha accedido a tramitar un recurso administrativo que cuestiona la adjudicación de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% destinados a la unión temporal de empresas entre Indra y EM&E para la prefinanciación de programas de artillería.

Este financiamiento incluye créditos de 1.181 millones de euros para los obuses de ruedas y 1.821 millones de euros para los obuses de cadenas, que son parte de una estrategia de modernización militar diseñada por el Gobierno. Además, Santa Bárbara está considerando presentar un recurso administrativo para desafiar la adjudicación de estos contratos, que suman un total de 7.240 millones de euros.

Además de los préstamos recientes, los contratos fueron otorgados el 22 de diciembre con un presupuesto de casi 2.686 millones de euros para los obuses de ruedas y 4.554 millones de euros para los de cadenas. Sin embargo, las tensiones entre Indra y General Dynamics han ido en aumento desde el año pasado, cuando Indra intentó adquirir la planta de Trubia en Asturias, pero se encontró con una negativa rotunda por parte de la segunda.

Santa Bárbara también ha acusado a Indra de espionaje industrial, involucrando supuestamente al director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, quien había trabajado anteriormente en Santa Bárbara. Según fuentes cercanas a la situación, este conflicto ha provocado un considerable malestar dentro de Indra.