MADRID, 12 de noviembre.

La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) que los hogares españoles deberán abonar en 2025 ha alcanzado un promedio de 116,32 euros, lo que representa un aumento del 16,2% en comparación con el año anterior. Esta información se extrae del informe titulado 'Las Tasas de Residuos en España 2025', elaborado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, el cual se basa en datos recogidos de 131 municipios, incluidas todas las capitales provinciales.

Este impuesto municipal, conocido comúnmente como tasa de basuras, se encarga de cubrir los costos relacionados con la recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos urbanos generados tanto por los hogares como por los comercios en el país. La Ley 7/2022 de residuos regula esta tasa con el objetivo de alinear España con los estándares europeos de reciclaje y sostenibilidad establecidos en diversas normativas comunitarias.

A partir de abril de este año, la legislación española ha exigido a los municipios establecer esta tasa, debiendo cubrir el 100% de los costos del servicio de gestión de residuos. Sin embargo, se ha delegado en los ayuntamientos la responsabilidad de diseñar y aplicar dicha tasa sin proporcionar directrices uniformes para su cálculo.

Algunas ciudades de gran tamaño, como es el caso de Madrid, han tenido que implementar esta tasa de basuras, la cual no existía previamente en la capital del país.

Las diferencias en la Tasa de Gestión de Residuos entre distintos municipios pueden ser sorprendentes, alcanzando hasta los 230 euros en 2025. Para los hogares, la cuota promedio varía considerablemente: de 288 euros en Valencia a 57 euros en Toledo o Palencia, pasando por 144,40 euros en Barcelona y 102,41 euros en Madrid, dependiendo de los distintos métodos y criterios que cada ayuntamiento utilice para su cálculo.

En el caso de Madrid, la cuota de basura se establece mediante una combinación de una tarifa fija basada en el valor catastral de la propiedad y una parte variable que depende del volumen de residuos generados por persona y por barrio, ajustada por un coeficiente que incentiva el correcto reciclaje y penaliza la mala gestión de residuos.

De esta manera, se busca que el importe a abonar refleje tanto la situación económica del inmueble como la conducta ambiental del conjunto del barrio.

Los ayuntamientos son los encargados de reclamar esta tasa al propietario del inmueble, que es considerado el sujeto pasivo y responsable ante la administración local. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que se estipule en los contratos de alquiler que esta carga sea asumida por el inquilino, siempre y cuando se acuerde de forma expresa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado ante la Comisión Europea su preocupación por la aplicación "indiscriminada" de esta tasa en diferentes municipios, así como la falta de justificaciones en los cobros realizados.

Además, grupos como Facua han creado plataformas de apoyo y modelos de reclamación, ofreciendo a los ciudadanos de varios municipios la posibilidad de solicitar la devolución de la tasa a sus respectivos ayuntamientos si consideran que ha sido exigida de manera irregular.

Los ciudadanos tienen un plazo de 30 días desde la notificación del pago para presentar un recurso de reposición, aunque esta acción no suspende la obligación de pagar la tasa, según lo indicado por la citada organización de consumidores.