El pasado 24 de octubre, en Salamanca, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha tomado la decisión de investigar una posible desvinculación de fondos públicos vinculada a la financiación singular de Cataluña. Este anuncio ha generado preocupación en el organismo, que ha dejado entrever la posibilidad de llevar a cabo acciones legales en relación a la sospecha de malversación de dichos recursos.

Durante el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda, que tiene lugar en Salamanca, la presidenta de la IHE, Ana de la Herrán, afirmó que existe un gasto público que no respalda ningún marco normativo vigente. La presidenta alertó sobre la falta de regularización de estas prácticas, indicando que se están usando recursos públicos para proyectos que aún no han sido legitimados por la ley.

Según de la Herrán, la asociación está trabajando con su equipo jurídico para determinar si lo que ocurre constituye una desviación de fondos, enfatizando la necesidad de tomar medidas penales si se confirma la mala gestión de los recursos. La presidenta criticó la falta de un enfoque legislativo adecuado, sugiriendo que el proceso está comenzando al revés, puesto que no se han establecido aún los cambios necesarios en una ley orgánica.

"Se están embarcando en esta iniciativa sin tener el soporte legislativo adecuado, conscientes de que no poseen la mayoría necesaria para llevarla a cabo", agregó Ana de la Herrán, subrayando la ineficacia del proceso actual.

En la actualidad, se ha formalizado la creación del Consejo Asesor y se ha promovido la modificación del régimen jurídico de la agencia tributaria, impulsando cambios para adecuarse a la peculiaridad fiscal de Cataluña. Sin embargo, la presidenta reiteró que este gasto es cuestionable, ya que carece de una justificación legislativa formal.

Los inspectores han manifestado su postura de que la financiación singular para Cataluña es inconstitucional y rito incumple varios principios fundamentales de la Constitución. A la fecha, no se han documentado efectos positivos derivados del Acuerdo de Singularidad Fiscal, el cual, según ellos, parece más un chantaje político de los independentistas en lugar de una solución viable.

El grupo de inspectores considera que la modificación en el sistema de financiación de las comunidades autónomas se está realizando de manera clandestina, sin los ajustes legislativos necesarios. Este cambio, tal y como advierten, podría fragmentar la Agencia Tributaria y conducir a violaciones del principio de igualdad tributaria.

El informe elaborado por el colectivo señala que esta fragmentación podría acarrear dificultades significativas en la lucha contra el fraude fiscal, afectando severamente a las iniciativas de control, especialmente en áreas tan críticas como el fraude de IVA y otras estructuras delictivas organizadas.

Asimismo, la posible deslocalización de empresas y los problemas en la verificación de grandes patrimonios y operaciones fiscales de multinacionales también serían una realidad si se sigue este camino de separación en la gestión tributaria, provocando un efecto negativo en los servicios que la agencia ofrece a los ciudadanos, tales como los reembolsos del IRPF.

El portavoz de la asociación, José María Peláez, advirtió sobre la fragilidad del sistema tributario y la situación de riesgo en que se encuentran sus cimientos. “Se están creando cargas de dinamita en pilares fundamentales”, enfatizó durante una rueda de prensa.

Por último, entre los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña hay un ambiente latente de preocupación, según los inspectores. “Son empleados que han demostrado su capacidad a través de oposiciones, y merecen un entorno laboral estable. Sin embargo, están enfrentando tensiones innecesarias debido a las decisiones arbitrarias de unos pocos”, concluyó de la Herrán.