Gobierno y Conferencia Episcopal sellan pacto para indemnizar a víctimas de abusos pasados.
MADRID, 29 de marzo.
Este lunes, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE) darán un paso importante hacia la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Este evento se llevará a cabo en la sede del Defensor del Pueblo, donde se firmará un protocolo que establecerá los mecanismos de reconocimiento y reparación para estas víctimas, según lo informado por ambas instituciones.
A las 11:00 horas, se reunirán el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, para formalizar el acuerdo.
Este protocolo, que debería haberse concretado en febrero, surgió a raíz de un convenio firmado el 8 de enero de 2025 entre el Gobierno y las organizaciones religiosas, que establecía un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos en el entorno eclesiástico.
El documento estipula que, tras la firma del acuerdo, las víctimas podrán presentar sus solicitudes de indemnización durante un periodo de un año, que podría extenderse hasta dos años si ambas partes así lo acuerdan. Esto marca un avance significativo en el reconocimiento de las víctimas y sus derechos.
Además de las reparaciones económicas, el protocolo también contempla la necesidad de garantizar que se escuche la opinión de las víctimas y que se establezcan procedimientos claros para su reconocimiento, así como diversas formas de reparación integral, que incluyen aspectos restaurativos y simbólicos.
Sin embargo, la formalización del acuerdo ha enfrentado demoras, como explicó el Defensor del Pueblo en su reciente comparecencia ante el Congreso, donde subrayó que se está trabajando en cómo se debe concebir la reparación, más allá de un enfoque meramente económico.
Gabilondo enfatizó la importancia de no convertir la reparación en una transacción que minimice el sufrimiento de las víctimas, alertando sobre la necesidad de lograr un consenso máximo entre las partes involucradas.
En este contexto, también se destacó que durante el último año se ha seguido atendiendo a las víctimas de abusos en la Iglesia, reafirmando el compromiso de la institución de mantenerse abierta a aquellos que necesiten apoyo.
Recientemente, la Iglesia española manifestó su apoyo a la propuesta del Defensor del Pueblo para investigar la explotación sexual de menores en centros tutelados, un tema crítico abordado en el informe de 2025 presentado al Congreso, a la vez que reiteró su exigencia de que las indemnizaciones a las víctimas estén exentas de cargas fiscales.
Fuentes de la CEE indicaron que esta fue una de las incorporaciones en el convenio de enero, el cual busca crear un canal a través del Defensor del Pueblo para que las víctimas de abusos en la Iglesia que no puedan recurrir a la justicia reciban una reparación adecuada.
Además, la Iglesia persiste en su demanda de evitar duplicidades en el manejo de casos, manteniendo que no puede haber dos acuerdos que aborden el mismo asunto por razones de coherencia y eficacia.
Es fundamental recordar que el Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA) de la Iglesia no establece una obligación legal, sino que se basa en un compromiso moral de atención y reparación para aquellos que no han tenido acceso a un cauce judicial.
Por último, se ha dejado claro que el objetivo del acuerdo con el Defensor del Pueblo es facilitar un acceso alternativo para las víctimas que prefieran no acudir directamente a la Iglesia, asegurando que este proceso complementa la oferta de la institución, manteniendo condiciones similares para todas las solicitantes.