Un nuevo giro en la política fiscal del Gobierno ha surgido con la propuesta de un impuesto más rígido para la banca, impulsado por el apoyo de varios partidos regionales como el PNV y Junts, así como de ERC y Bildu. Este tributo, que buscó ser aprobado en la comisión correspondiente, no alcanzó el consenso esperado, pero vuelve a la carga con una modificación que introduce un tipo impositivo del 7% para las entidades financieras que generen más de 5.000 millones de euros en márgenes de interés y comisiones.

Este movimiento es parte de la estrategia del Ministerio de Hacienda, que ha acordado con sus aliados en el bloque de investidura para ajustar el impuesto y hacerlo más atractivo, con la esperanza de conseguir la aprobación necesaria. Según la administración, este endurecimiento del tributo se enmarca dentro de un compromiso más amplio hacia la implementación de un impuesto mínimo global para empresas multinacionales, algo que ha tomado relevancia en la agenda política actual.

La propuesta que se discute es, en esencia, la misma enmienda que fue rechazada en la última sesión debido a la abstención de los partidos de izquierda, reflejando las tensiones existentes dentro del bloque gubernamental. Con estos cambios, el Gobierno pretende asegurar el respaldo indispensable de ERC, Bildu y BNG para la votación que se llevará a cabo el día de este jueves, siguiendo la confirmación de que PNV y Junts también estarán del lado del acuerdo.

De esta manera, la estructura del impuesto se detalla de la siguiente forma: un 1% hasta 750 millones, un 3,5% hasta 1.500 millones, un 4,8% hasta 3.000 millones, un 6% hasta 5.000 millones y un 7% para aquellos ingresos que superen esta última cifra. Se trata de un plan fiscal que, según el Gobierno, busca garantizar una mayor equidad en la contribución de las grandes entidades financieras.

Además, es importante resaltar que la recaudación resultante de este impuesto se destinará a las comunidades autónomas de régimen común, calculándose en función del Producto Interior Bruto (PIB) de cada región para el ejercicio del año siguiente al período de autoliquidación del impuesto. Esto implica que la cantidad recaudada deberá ponerse a disposición de las autonomías mediante operaciones de tesorería, cuya regulación se definirá posteriormente, y se verá reflejada en el presupuesto del año siguiente.