El Gobierno, en respuesta a Vox, ha señalado que no puede revelar información sobre empresas tecnológicas que utilizan técnicas adictivas para atraer a los usuarios, especialmente a los menores, quienes se consideran la población más vulnerable a este tipo de prácticas.

Esta precaución se debe a que estas empresas están siendo investigadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y revelar detalles sobre estas investigaciones podría interferir en el proceso en curso, según ha explicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados y obtenida por Europa Press.

En este contexto, el Gobierno está en proceso de tramitar un anteproyecto de ley orgánica que busca proteger a los menores en entornos digitales, con el objetivo de regular el acceso de los menores a contenidos inadecuados, como material pornográfico, y promover un uso responsable de Internet entre los niños y adolescentes, garantizando su protección frente a los peligros asociados al acceso a contenidos no aptos para su edad.

Entre las medidas contempladas en este proyecto normativo se encuentra la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital, incluyendo su derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y a la protección de sus datos personales, así como el acceso a contenidos apropiados para su edad.

Además, la ley incluye disposiciones para aumentar la conciencia de los menores y sus familias sobre los riesgos en el entorno digital, imponer sanciones por violaciones de derechos en dicho entorno, como la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial, y establecer responsabilidades para grandes operadores e influencers en la protección de los derechos de los menores.

El anteproyecto también prevé medidas de prevención y formación en competencias digitales para menores, familias y profesionales que trabajan con niños, como docentes y profesionales de la salud.

En el ámbito de la protección de consumidores y usuarios, se establecen nuevas obligaciones para los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a Internet que puedan exponer a los menores a contenidos perjudiciales, como la obligación de informar sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado y de incluir una funcionalidad de control parental en los dispositivos.

Asimismo, las empresas tecnológicas deberán implementar sistemas de verificación de edad efectivos para restringir el acceso a páginas solo aptas para adultos y queda expresamente prohibido el acceso a mecanismos de recompensa por parte de menores.

El Gobierno también propone elevar la edad mínima para el consentimiento al tratamiento de datos personales de 14 a 16 años, y se contempla una propuesta de modificación del Código Penal para abordar los nuevos delitos digitales que afectan a la infancia y la adolescencia, todo con el objetivo de garantizar un entorno digital seguro y protegido para los menores.