El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al iniciar un proceso formal en el Ministerio de Cultura. Este movimiento se formalizó el pasado viernes, cuando se notificó a la fundación sobre la apertura del expediente correspondiente y se habilitó un periodo para que esta pueda presentar alegaciones.

La iniciativa para ilegalizar la FNFF comenzó en junio de 2024, tras un periodo de recopilación de información necesario para fundamentar el proceso. Este trabajo estuvo bajo la supervisión del ministerio dirigido por Urtasun, el cual es responsable de los asuntos relacionados con el Protectorado de Fundaciones, la entidad que puede solicitar judicialmente la extinción de organizaciones como esta.

La notificación del 31 de octubre activa ahora un plazo de diez días hábiles durante el cual la FNFF podrá presentar su defensa y pruebas. Esta fase culminará con una propuesta de resolución que será enviada a la Abogacía General del Estado para su revisión, antes de que Urtasun firme la resolución final solicitando la disolución de la fundación ante los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Desde el Ministerio de Cultura expresan su deseo de que el caso sea resuelto rápidamente, aunque anticipan que el proceso judicial puede tomar al menos nueve meses. No obstante, la capacidad de respuesta de la fundación será crucial, ya que las pruebas que aporte influirán en el avance del procedimiento. Sin embargo, los representantes del ministerio aseguran que la decisión inicial para proceder con esta ilegalización está bien sustentada y que las evidencias presentadas por la fundación serán similares a las que el juez revisará en su momento.

El expediente ha sido enriquecido con informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Registro de Fundaciones y de la Abogacía del Estado, destacando que existen bases fuertes para la extinción de la fundación. Se apunta que la FNFF podría estar actuando al margen del interés público y promoviendo ideologías que exaltan el franquismo, lo que podría considerarse un incumplimiento de la ley de Memoria Histórica y de la ley de Fundaciones en vigor.

Aunque la FNFF se presenta como una entidad con fines culturales, el informe de la Abogacía del Estado señala que sus actividades, que incluyen el mantenimiento del archivo de Franco y la publicidad de su figura, son opacas y no correspondientes a una labor histórica legítima según los estándares culturales actuales.

Dentro de su labor, la fundación también busca preservar una biblioteca de más de 2,000 volúmenes y cuestionar lo que denominan la “mal llamada Ley de Memoria Histórica”, además de promover un debate cultural y político que resalte el legado de Franco y el contexto de su época.

Los informes recabados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sugieren que los objetivos de la FNFF están centrados en promover una visión favorable del franquismo, acción que contraviene la normativa vigente, y cuya legalidad se pondrá a prueba en este proceso judicial.

Con el apoyo de un catedrático experto en Derecho Constitucional y otros estudios sobre las actividades de la fundación, se prevé que el Gobierno presente un argumento sólido ante el tribunal. El objetivo principal es que los ciudadanos no financien en ningún aspecto a esta entidad, que goza de beneficios fiscales y trata de operar bajo la legitimidad de su estatus como fundación.

Entre las medidas que se contemplan una vez se inicie el procedimiento, se incluyen solicitudes de medidas cautelares para impedir que la FNFF manipule o destruya documentos históricos relevantes. Además, se planea actuar de manera similar a la estrategia anteriormente utilizada en el caso del Pazo de Meirás, asegurando así la protección de documentos de interés público que posee la fundación.