El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra en la fase final de elaboración de un real decreto que busca promover y regular las entidades financieras de la Economía Social y de las Finanzas Éticas. Este proyecto legislativo, que se está tramitando de manera urgente, definirá claramente lo que debe considerarse como banca ética y lo que no se ajusta a ese concepto.

La iniciativa pretende avanzar en la economía social y fomentar el cooperativismo en el sector financiero español. Según fuentes del ministerio liderado por Yolanda Díaz, este marco normativo también influirá en la banca convencional al establecer pautas sobre lo que se considera ético en este ámbito.

El decreto propondrá un marco jurídico que apoye a las entidades que operan bajo los principios de transparencia, participación democrática y responsabilidad social y ambiental. Se busca que estas prácticas se conviertan en un estándar en el sector financiero español.

Con esta legislación, España se posicionaría a la cabeza en el reconocimiento de las finanzas éticas y sostenibles, ofrecidos desde una perspectiva institucional y regulatoria bien definida. Esto permitiría, según las autoridades, asegurar un entorno propicio para el desarrollo de estas prácticas financieras.

El decreto, que se espera sea aprobado en breve por el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso, contemplará diez requisitos acumulativos que las entidades deberán cumplir para ser clasificadas como banca ética. Esto asegurará que solo aquellas que sigan todas las pautas puedan recibir dicha distinción.

Desde el Ministerio de Trabajo, se sostiene que los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber en qué utilizan su dinero bancos de gran reconocimiento como Santander o BBVA. Se critica especialmente a estas entidades por invertir en sectores considerados inmorales, como la industria armamentista, combustibles fósiles y actividades que atentan contra los derechos humanos.

Las diez exigencias del decreto buscan establecer un estándar mínimo que permita identificar a las entidades financieras que actúan de manera ética. La clasificación de entidades no éticas se realizará indirectamente, centrando la atención en aquellas que sí cumplen con los criterios establecidos.

Para ser consideradas entidades de finanzas éticas, deberán enfocarse en el impacto social y ambiental positivo por encima del beneficio económico. Además, se requerirá que reinviertan una parte significativa de sus beneficios en proyectos de impacto social, manteniendo así su compromiso con la comunidad.

Las entidades deberán evaluar anualmente las operaciones de financiación con un enfoque en el impacto social y la economía social, garantizando que priorizan las necesidades de sus clientes potenciales. También se establecerán estándares como destinar un porcentaje de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro y adoptar modelos de gobernanza que reflejen una estructura democrática y participativa.

Adicionalmente, se implementarán políticas de remuneración que busquen reducir la brecha salarial, limitando la diferencia entre el salario más alto y el más bajo dentro de la entidad. También se prohibirán inversiones en sectores que vayan en contra de principios éticos, como la industria armamentística y los combustibles fósiles.

Además, se fomentará la igualdad de género y la inclusión de colectivos vulnerables, asegurando que las entidades tomen medidas activas para promover la diversidad en todas sus formas. La promoción del emprendimiento femenino será igualmente prioritaria dentro de sus objetivos.

Por último, se espera que las entidades financieras éticas se comprometan con el desarrollo regional y la economía local, y que cada año ofrezcan informes accesibles para el público sobre cómo gestionan sus actividades crediticias en función de los principios éticos y sociales propuestos.