Gobierno, Iglesia y Defensor establecen un protocolo de indemnización para víctimas de abusos sin criterios fijos, evaluando cada caso individualmente.

El 30 de marzo en Madrid se formalizó un acuerdo entre el Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo, con el objetivo de iniciar el proceso de indemnización a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. En este protocolo, no se establecerán cantidades o baremos fijos, y se ha fijado el 15 de abril como fecha clave para que las víctimas puedan comenzar a presentar sus solicitudes.

Durante la conferencia de prensa, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, enfatizó que el acuerdo omite cualquier mención a "baremos". Argüello aclaró que el propósito del protocolo es ofrecer una reparación integral, en lugar de centrarse en cifras concretas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, añadió que la falta de baremos se debe a que cada caso será analizado de manera individual por expertos del Defensor del Pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia. "Es importante que cada situación sea evaluada con el detalle que merece", apuntó.

Bolaños también subrayó que, aunque no se establecen cifras específicas, el acuerdo contempla criterios como la gravedad del daño y la recurrencia de los abusos. "El concepto de reparación justa no debería depender de un número, ya sea mínimo o máximo", enfatizó.

Asimismo, se aclaró que la decisión final recaerá en el Defensor del Pueblo, quien será responsable de determinar la cantidad que la Iglesia debe abonar como compensación. En este sentido, se ha abierto la posibilidad de que aquellas víctimas que ya se dirigieron al PRIVA puedan solicitar una revisión de su caso ante el Defensor del Pueblo, para evaluar si su indemnización prevía necesita ser ajustada o mejorada.