El Gobierno se prepara para aprobar nuevas medidas económicas, incluida la controversia sobre el diésel y las pensiones

Este lunes, el Gobierno español celebrará el último Consejo de Ministros del año, donde se espera que se aprueben diversas medidas que abarcan desde la prórroga de bonificaciones en el transporte hasta nuevos impuestos sobre las energéticas. Este es un momento crucial, ya que se trata de un Consejo extraordinario, dado que mañana se conmemora la festividad de la Nochebuena.

Entre las principales medidas que se están discutiendo, se destaca la extensión de la prohibición de desahucios para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Esta prórroga se ha acordado de manera conjunta con el partido Podemos, y se proyecta que se mantenga durante un año adicional. También se prorrogarán las actuales ayudas al transporte por seis meses más, aunque aún no se ha confirmado si se prolongará la prohibición actual de cortar suministros de luz, agua y gas a consumidores vulnerables en caso de impago, una medida que está vigente solo hasta final de este año.

El futuro tributario de las energéticas en juego

Asimismo, se prevé la aprobación de la prórroga del gravamen impuesto a las energéticas, que está destinado a entrar en vigor antes de su eventual derogación. Este impuesto fue inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados con el respaldo de diversas formaciones políticas, incluidos el PP, el PNV y Junts. Sin embargo, se plantean incertidumbres acerca de su convalidación, ya que el Gobierno no cuenta con la certeza de que logrará los apoyos necesarios para mantenerlo, especialmente dado el rechazo anticipado de las formaciones PNV y Junts.

El plan de Hacienda podría incluir la transformación de este gravamen en un impuesto permanente, lo que buscaría agradar a partidos como Podemos, que son reacios a aceptar la temporalidad, y al PNV, que ve con mejores ojos la gestión del impuesto por parte de las haciendas forales de Euskadi y Navarra.

Además, hay altas probabilidades de que el Ejecutivo también decida subir la carga fiscal sobre el diésel, igualándolo a la de la gasolina, en cumplimiento de los compromisos establecidos con la Comisión Europea. Este movimiento ha suscitado críticas de muchos sectores que temen que esta medida impacte negativamente en la economía familiar y en el sector del transporte.

Prórroga del escudo 'antiopas'

En otro frente, el Gobierno está preparado para aprobar la extensión del escudo 'antiopas', una medida que brinda protección a empresas estratégicas contra las inversiones extranjeras no deseadas. Este escudo otorga al Gobierno la potestad de vetar inversiones que superen ciertos umbrales de capital, ya sea en empresas que cotizan en bolsa o en firma privadas que reciban una inyección de más de 500 millones de euros.

Desde la implementación de esta medida en 2020, solo se ha bloqueado una operación de un total de 264 revisadas, lo que plantea el éxito limitado de esta normativa. A pesar de su implementación, la mayoría de las operaciones han sido aprobadas, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de esta regulación en la protección de los intereses nacionales.

El IVA y su impacto en la cesta de la compra

Por el contrario, se anticipa que se revertirá la reducción del IVA a alimentos básicos, como el pan, los huevos y el aceite de oliva, incluido en las medidas tomadas en respuesta a la crisis inflacionaria. A partir del 1 de enero, se espera que el IVA regrese a los niveles normales, estableciendo un 4% para los productos esenciales y un 10% para ciertos tipos de aceites y pastas, lo que podría implicar una carga adicional para las familias en un contexto ya complicado por la inflación.

En el aspecto positivo del paquete de medidas, se mantendrán los descuentos del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables hasta el 30 de junio de 2025. Estos descuentos significativos varían entre el 42,5% y el 72,5% según la gravedad de la vulnerabilidad del consumidor. Este tipo de ayudas se presentan como un alivio para aquellos que se encuentran en situaciones de mayor precariedad y están siendo observadas con atención.

Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

Una de las cuestiones que también se abordará es la aplicación de los criterios de prórroga para los Presupuestos Generales del Estado de 2023 hacia el año 2025. Esto se hace necesario debido a la incapacidad del Gobierno para aprobar unos nuevos presupuestos, por segundo año consecutivo, y se complica la planificación fiscal y financiera del país.

De acuerdo con la normativa constitucional, si no se aprueban nuevas cuentas públicas antes del 1 de enero, los presupuestos anteriores se prorrogarán automáticamente, lo que, en este caso, recae en los presupuestos de 2023. Aunque la elaboración de los próximos presupuestos ya ha comenzado, se requiere que el Gobierno defina cómo se aplicarán los criterios de prórroga, manteniendo la cautela sobre las perspectivas macroeconómicas del país.

Revalorización de pensiones: ¿mejoras o medidas insuficientes?

Finalmente, se espera que el Consejo de Ministros también dé luz verde a un Real Decreto-ley que contemple la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para 2024. Se prevé un incremento del 2.8% en las pensiones contributivas, lo que, si bien representa un alivio para muchos pensionistas, es crucial evaluar si estos ajustes serán suficientes para afrontar la creciente demanda y el costo de vida en el país.

La pensión media en España se sitúa actualmente en 1.441 euros al mes, y la subida proyectada elevaría esta cifra a 1.481,35 euros mensuales, lo que significaría un incremento anual significativo. Sin embargo, el impacto real de esta medida dependerá de la evolución de la inflación y del costo de los bienes y servicios, factores que los pensionistas observan de cerca.

Además, se anticipa que las pensiones mínimas y no contributivas también experimenten un aumento superior al IPC promedio del 2,8%, aunque se espera mayor claridad sobre estas cifras en los próximos días. En un contexto de incertidumbre económica, estas decisiones del Gobierno serán observadas con lupa por la sociedad y los analistas económicos, que cuestionan la efectividad real de las medidas adoptadas en los últimos meses.