El Ejecutivo se dispone a clausurar el año 2024 con un significativo déficit en el cumplimiento de las demandas aprobadas por la oposición en el Pleno del Congreso. Desde el inicio de la legislatura, se han gestado diversas iniciativas que no contaron con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), abarcando temas críticos como la respuesta al régimen de Nicolás Maduro, el restablecimiento de la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental, así como la apertura de auditorías relacionadas con los contratos asignados a la 'trama Koldo' en ministerios clave como los de Interior y Sanidad.

En lo que respecta a las recientes elecciones en Venezuela, el Partido Popular (PP) llevó a cabo acciones para apoyar a la oposición, obteniendo el respaldo del Pleno del Congreso gracias a la cooperación del PNV en junio y de Junts en diciembre. Sin embargo, el Gobierno ha optado por ignorar estas iniciativas, aun cuando Edmundo González Urrutia ha encontrado refugio en España, sin que se le otorgue el reconocimiento de 'legítimo ganador' y, por ende, 'presidente electo' del país. Adicionalmente, no se ha brindado apoyo a González y María Corina Machado como 'únicos interlocutores legítimos' en las negociaciones por una transición democrática en Venezuela.

Asimismo, el Congreso aprobó una proposición no de ley en este mes de diciembre que urgía al Gobierno a adherirse a una solicitud formulada en 2018, demandando a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita una orden de arresto contra Maduro y otros implicados en crímenes de lesa humanidad, una exhortación que también ha quedado desatendida.

Otro aspecto notable de los incumplimientos del Gobierno atañe al conflicto del Sáhara Occidental. En junio, gracias a los votos del PP, Vox y gran parte de los aliados habituales del Ejecutivo, el Congreso instó al jefe del Gobierno a retomar la posición histórica de neutralidad activa de España frente a este contencioso. Sin embargo, Pedro Sánchez mantiene su postura adoptada en 2022, en la que respaldó el plan de autonomía propuesto por Marruecos, desoyendo el clamor de la Cámara.

El mandato de negociar con Marruecos la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en un plazo de 90 días también ha sido ignorado, ya que, a medio año de dicha sugerencia, ambos enclaves permanecen cerrados sin una fecha estimada para su apertura.

Adicionalmente, se han aprobado en este año distintas iniciativas que ordenan la realización de nuevas auditorías sobre los contratos relacionados con la compra de mascarillas adjudicados a la trama de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. A pesar de que el PP presionó para que el Gobierno realizara auditorías en los ministerios de Sanidad e Interior, similares a las que se llevaron a cabo en Transportes, no se ha informado de ninguna acción por parte del Ejecutivo al respecto.

En cuanto a la transparencia fiscal, el Gobierno no ha colaborado en encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de auditorías independientes en todos los departamentos implicados, y el Ministerio del Interior tampoco ha iniciado alguna investigación sobre las irregularidades relacionadas con filtraciones que involucran a miembros del Gobierno y la mencionada trama corrupta.

En junio, el PP también logró que el Congreso censurara a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas, por su ausencia en las sesiones de control. Además, se urgió al Gobierno a justificar de forma suficiente y acreditada las razones que impiden a sus miembros asistir a dichos Plenos, una explicación que aún está pendiente.

El Gobierno igualmente ha eludido cumplir otros mandatos relacionados con la voluntad mayoritaria de la Cámara, las cuales demandaban la ejecución 'efectiva y sin demora' de las mociones y proposiciones no de ley aprobadas. Asimismo, cuando se invoca su facultad de vetar el debate de iniciativas que pudieran afectar las finanzas, el Gobierno no se ha atenido a las provisiones actuales de los Presupuestos, sino que ha considerado cuentas futuras, contraviniendo así la doctrina del Tribunal Constitucional.

Entre las otras demandas que han caído en saco roto se encuentra una reclamación de orden económico que instaba a recuperar indemnizaciones por retrasos en los servicios del AVE, así como la eliminación de los peajes y la extensión de la concesión de la AP-9.

Finalmente, se debe mencionar que el Ejecutivo no ha implementado la deflactación del IRPF, a pesar de que el Congreso lo solicitó en abril, impulsado por el PP, Junts, PNV y BNG, para mitigar el impacto de la inflación. De igual manera, la petición del Congreso para aplicar exenciones fiscales a los menores de 34 años en sus primeros años de vida laboral ha quedado sin respuesta.

Para colmo, el reciente decreto 933/2021, conocido como 'Gran Hermano Turístico', establece nuevas y gravosas obligaciones de registro para las actividades relacionadas con hospedaje y alquiler de vehículos. Este decreto se ha adoptado a pesar de que el Congreso, tres meses antes, había aprobado una iniciativa del PP solicitando la suspensión de dicha normativa.