El reciente Consejo de Ministros en España ha dado un paso importante al aprobar, en su primera ronda, el anteproyecto del Estatuto del Becario. Esta normativa, que busca regular el estatus de quienes realizan prácticas no laborales en empresas, ha sido objeto de debate durante más de dos años desde que fue presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto a los sindicatos.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha calificado esta medida como una reforma laboral dirigida a las generaciones más jóvenes del país. Con su impulso, el Gobierno desearía establecer un marco claro que proteja los derechos de los becarios y asegure que las prácticas se enfoquen en el aprendizaje y no en la sustitución de trabajadores permanentes.

A pesar de su aprobación inicial, el proyecto enfrenta un camino complicado para su validación final debido a tensiones internas entre los partidos que forman el Gobierno, especialmente tras la salida de Junts de la coalición. Es probable que se presenten obstáculos significativos antes de que este estatuto se implemente de manera definitiva.

La nueva norma, criticada por la falta de consulta con la comunidad universitaria, introduce un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan las disposiciones relacionadas con los derechos de los becarios. Además, establece obligaciones concretas para las empresas, incluyendo cubrir los costos relacionados con las prácticas como transporte y alojamiento.

Díaz ha subrayado que el objetivo principal de este Estatuto es establecer lo que constituye un contrato de formación, enfatizando que la educación debe ser prioritaria en estas experiencias laborales. Según sus declaraciones, los futuros becarios disfrutarán de una serie de derechos que les permitirán integrar en mejor medida en el entorno laboral.

Entre las nuevas regulaciones, se especifica que la duración de las prácticas extralaborales debe limitarse a un máximo de 480 horas, preservando así el tiempo de estudio mientras se van sumando experiencias prácticas. Las regulaciones también definen las infracciones que serán consideradas muy graves, particularmente aquellas relacionadas con discriminación y trato desigual hacia los trabajadores en función de criterios como edad o situación social.

El objetivo del Estatuto, según se detalla, es establecer un marco ordenado para las actividades formativas en el ámbito empresarial, así como normalizar el régimen jurídico que las rige. Esta medida, aunque bien intencionada, ha suscitado preocupaciones sobre su implementación real y su impacto a largo plazo en el mercado laboral.

Por último, el Estatuto también establece obligaciones claras para los estudiantes en prácticas, que deberán cumplir diversas normativas y comunicarse activamente con sus tutores. Esto incluye mantener confidencialidad sobre la información de la empresa y adaptarse a la cultura organizativa, lo que podría ser visto como un paso hacia una mayor profesionalización de los becarios, aunque algunos sectores critiquen el riesgo de cargas excesivas sobre este colectivo vulnerable.