El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha dado un paso decisivo al anunciar este miércoles el inicio del proceso para implementar una jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Este avance responde al Acuerdo Marco que fue firmado por los sindicatos CCOO y UGT.

La Secretaría de Estado de Función Pública se encargará de presentar nuevas directrices que regularán la jornada y los horarios laborales de los empleados de la AGE y sus organismos asociados, tal como ha comunicado el ministerio.

Además, se convocará a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, donde se discutirá esta modificación de la jornada con los subsecretarios y subdirectores de los distintos ministerios.

Una vez revisada, la propuesta será presentada a la Mesa General de la Administración del Estado para iniciar el diálogo correspondiente con los sindicatos.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han expresado su satisfacción por este avance en la implementación de la jornada de 35 horas, aunque han enfatizado la necesidad de que este cambio también se aplique al personal de las Instituciones Penitenciarias.

UGT anticipa que la nueva jornada podría estar en vigor para marzo, o incluso a finales de febrero, sujeto a la negociación con la Comisión Técnica Permanente de la AGE y la Mesa General de la Administración del Estado. "Este compromiso fue alcanzado en diciembre del año pasado", aseguró un portavoz del sindicato.

El sindicato UGT estima que este cambio afectará a aproximadamente 246.418 empleados públicos dentro de la Administración General del Estado, conforme al último informe en materia de personal de las Administraciones Públicas.

En relación a la reunión anterior, Función Pública mostró su voluntad de trabajar en la recuperación de la jubilación anticipada parcial para el personal laboral, comprometiéndose a buscar el marco normativo más adecuado para ello.

Sin embargo, UGT y CCOO han reclamado una acción inmediata y llamarán al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, a que actúen con responsabilidad para resolver un problema que "afecta a miles de empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho en los ámbitos laboral, funcionarial y estatutario".

Estas organizaciones también consideran urgente finalizar los compromisos relacionados con la clasificación profesional del personal técnico superior y medio, un punto que ya fue recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, y que también cuenta con el apoyo de Función Pública.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha indicado que la jornada de 35 horas representa un compromiso del Ministerio que debía haberse implementado hace más de tres años.

El sindicato ha enfatizado que aún queda pendiente la regulación de la jubilación parcial anticipada para todos los empleados públicos, incluidos los funcionarios y estatutarios, así como el desarrollo efectivo del teletrabajo.

A pesar de los retrasos, CSIF ha celebrado el inicio del procedimiento para establecer las 35 horas semanales, una medida que ya se ha adoptado en la mayoría de las administraciones.

La organización ha subrayado que esta es solo la primera fase de un proceso más amplio, que incluirá la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de las retribuciones por razón de servicio y el fortalecimiento de MUFACE. Estos temas serán abordados en la próxima reunión de la Mesa General.