En Madrid, el 23 de junio, un nuevo informe del Ministerio de Hacienda, elaborado por los técnicos de Gestha, ha puesto en relieve una preocupante tendencia en el panorama de la corrupción y el fraude vinculados a contratos públicos. Según sus hallazgos, las denuncias han aumentado un 18% en comparación con el año anterior, lo que indica una "escalada" en los casos reportados.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), aunque está vinculada organizativamente al Ministerio de Hacienda, actúa como un ente colegiado independiente que se encarga de supervisar estas irregularidades.

A través de un análisis de indicadores clave, Gestha ha revelado que, en el año 2023, se han recibido un total de 221 denuncias en el ámbito de la contratación pública, un aumento del 18,2% respecto a 2022. Esta cifra confirma una tendencia creciente en los últimos seis años en la que se han acumulado estos datos.

Entre las diversas modalidades de contratos, los relacionados con la prestación de servicios son los que representan mayor riesgo de fraude, siendo responsables del 64,3% de las denuncias totales. Sin embargo, también se observa que de las 957 denuncias presentadas en los últimos seis años, un 22,7% han sido archivadas, mientras que únicamente el 5,4% han llegado a ser tramitadas por la Justicia.

Según el segundo indicador presentado por la OIReScon, un 32,6% de las denuncias corresponden a irregularidades en la adjudicación de contratos, lo que refleja un incremento claro en cuanto a fraudes en este ámbito. Para ser más precisos, en términos absolutos, las denuncias relacionadas con estas irregularidades han aumentado un 9,1%, alcanzando las 72 quejas.

Otro de los puntos críticos señalados por el tercer indicador es la aparición de prácticas corruptas, que abarcan conflictos de interés y tráfico de influencias, constituyendo el 20,6% de todas las denuncias realizadas en el quinquenio. En tendencia, estas también han mostrado un aumento notable, elevándose un 34,4% con respecto al año anterior.

Desde 2023, la Oficina ha comenzado a clasificar las prácticas corruptas como un todo, integrando el trato de favor a empresas y conflictos de interés dentro del mismo epígrafe, ya que se consideran interconectados dentro del contexto de la corrupción.

En el periodo que abarca desde 2019 hasta 2022, el trato preferencial a empresas y los conflictos de interés han representado aproximadamente el 42% de las denuncias de prácticas corruptas. Por su parte, el tráfico de influencias ha contabilizado alrededor del 15,6% de estas denuncias.

Los datos de los dos últimos indicadores relacionan la adjudicación irregular de contratos y las prácticas corruptas, que, en conjunto, superan el 50% de las denuncias entre 2019 y 2023. En particular, un 18,2% de las denuncias se asocian a la ejecución de contratos, destacándose como la tercera razón de denuncia durante este periodo.

Un aspecto adicional que ha llamado la atención de Gestha es la eficiencia de los tribunales administrativos, donde solo algo más de un cuarto de los recursos planteados se estiman favorablemente, apuntando a una posible necesidad de reformar el sistema de recursos especiales.

El volumen total de licitaciones del sector público, sin embargo, parece contrarrestar la magnitud de estas irregularidades reportadas, ya que, en el último año, se alcanzaron 206.210 expedientes valorados en 113.091 millones de euros más IVA, lo que pone en perspectiva el ratio de denuncias frente al volumen total de contratación pública.