El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha programado las declaraciones de dos figuras clave en la investigación sobre la gestión de contratos de mascarillas que el Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, adjudicó durante la crisis sanitaria por el COVID-19. El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama deberán presentarse ante el tribunal el 27 y 28 de noviembre, respectivamente.

La decisión, comunicada en un auto emitido el viernes, responde a una solicitud hecha por la Fiscalía, tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arroja luz sobre la adjudicación de dichos contratos en las Islas Canarias.

De acuerdo con el calendario establecido, De Aldama se presentará ante el juez el 27 de noviembre, mientras que García lo hará al día siguiente. Ambos han sido objeto de investigación desde febrero de 2024 y han comparecido en otras ocasiones ante el mismo tribunal, con la cita fijada para las 10 de la mañana.

Según el comunicado de la Fiscalía, el fiscal Luis Pastor ha argumentado que estas comparecencias son necesarias dado que la UCO ha apuntado a que los contratos de mascarillas en cuestión están relacionados con pagos en efectivo que De Aldama habría realizado a García, los cuales se remontan al menos a octubre de 2019. Estos pagos, interpretados como una especie de "nómina", podrían haber facilitado favores en el ámbito administrativo.

El representante de la Fiscalía sostiene que estos pagos recurrentes permitieron a De Aldama tener acceso directo al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En sus declaraciones anteriores, De Aldama mencionó que en varias ocasiones observó la distribución del dinero que entregaba a García entre este y Ábalos.

El fiscal enfatiza que esta relación de pagos en efectivo continuó, incluso después de que ambos, tanto Ábalos como García, dejaran el ministerio en julio de 2021. Esta situación llevó al fiscal a concluir que las transacciones no eran para fines concretos, sino que servían para asegurar la influencia de De Aldama en la obtención de beneficios económicos personales.

Pastor destaca que las solicitaciones de De Aldama hacia García, así como su círculo cercano, estaban centradas en temas específicos relacionados con la contratación de material sanitario por parte del Gobierno canario, así como en la certificación del propio material y los pagos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario investigado.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, toda esta actividad encajaría en el delito de tráfico de influencias, en el que, en principio, ambos investigados serían considerados cómplices.

La UCO también resolvió que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, aprobó la compra de mascarillas a pesar de las dudas manifestadas por los responsables de la tramitación sobre la viabilidad del contrato, específicamente en relación al precio y la calidad del material.

Los responsables habían expresado inquietudes sobre el costo, señalando que se trataba de un precio que se situaba "fuera de mercado" y la posibilidad de que se contara con suficiente reserva de material tras las compras ya realizadas.

Los investigadores documentan una conexión inicial el 20 de abril de 2020 entre Soluciones de Gestión y la venta de mascarillas a Canarias, originada por una conversación entre el director comercial de Iberia y el CEO de Vueling, Marco Sansavini, y los asesores García y Rotaeche sobre entregas de materiales.

Un día después, De Aldama se comunicó con Rotaeche para facilitarle el contacto de Olivera, quien había sido previamente recomendado por García, añadiendo que era el vicepresidente de Canarias y sugiriendo que lo contactara.

Además, la UCO subraya que Olivera tomó la iniciativa de contactar con García para coordinar detalles sobre el envío de mascarillas, mostrando disposición para asegurar grandes cantidades de unidades a ser entregadas.

Las conclusiones de la Guardia Civil señalan que Soluciones de Gestión estaba suministrando mascarillas a la Administración canaria incluso antes de que se formalizara el contrato, enfatizando el control que Koldo ejercía sobre estas transacciones.