En un regreso notable, el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho su aparición este jueves en el Ateneo de Madrid durante un acto donde varios juristas presentaron un manifiesto que cuestiona la reciente y controvertida sentencia del Tribunal Supremo.

El evento fue recibido con un fuerte aplauso, reflejando la solidaridad de los asistentes hacia García Ortiz. La abogada laboralista Paquita Sauquillo inauguró la ceremonia, destacando la “dignidad” con la que García Ortiz ha enfrentado todo el proceso judicial que le ha tocado vivir.

Durante la reunión, varios magistrados compartieron sus opiniones, siendo Manuel de la Rocha Rubí, el primer alcalde de Fuenlabrada tras la Transición y consejero de Educación con Joaquín Leguina, el primero en alzar la voz. Este indicó que la sentencia es "indignante" y lamentó el "hecho bochornoso" que supuso el cese de García Ortiz.

La vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro, hizo hincapié en que el procedimiento penal ha sido “inquietante”, así como el veredicto final. Además, denunció el "maltrato institucional" que ha padecido el ex fiscal general.

Por su parte, Joaquín Giménez, ex magistrado del Supremo, también calificó la sentencia de "decepcionante" e instó a los jueces a mantener una independencia ideológica al desempeñar sus funciones. "Es fundamental que, al juzgar, se actúe sin dejarse influir por la ideología y se sirva a la ley democráticamente establecida por las Cortes", explicó.

Finalmente, Nicolás Sartorius, reconocido abogado y cofundador de CCOO, defendió con vehemencia la presunción de inocencia de García Ortiz, tildando la decisión del Tribunal Supremo como una "aberración". Criticó especialmente la parte del fallo que culpa al acusado o a su "entorno", afirmando que nunca había visto algo tan extraño en su carrera.

El evento cerró con la lectura de un manifiesto titulado 'Una sentencia inquietante', respaldado por 150 juristas, incluidos catedráticos, abogados y fiscales, así como jueces retirados.

Este documento califica la condena del Supremo por revelación de secretos como "inaceptable", alegando una grave violación del principio de presunción de inocencia y del derecho 'in dubio pro reo'. Además, sostiene que la resolución carece de pruebas concretas, apoyándose en "conjeturas" e indicios que no llegan a superar el umbral de la "mera sospecha".

Los firmantes consideran que esta decisión representa un "golpe a la confianza institucional" y un daño al secreto profesional de los periodistas, concluyendo que la sentencia debiera ser anulada en instancias superiores, dado que la culpabilidad no ha sido evidenciada más allá de toda duda razonable.