El reciente debate sobre la independencia judicial ha tomado un nuevo giro con las declaraciones del magistrado jubilado Manuel García Castellón. En una entrevista, García Castellón planteó serias preocupaciones sobre el estado del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva a cabo la investigación relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español. Según el exmagistrado, Peinado enfrenta una situación de aislamiento extremo y está sufriendo un ataque directo a su integridad como juez.

García Castellón enfatiza que el juez Peinado está operando en medio de un entorno de hostilidad, a pesar de contar con el respaldo de resoluciones de tribunales superiores que han validado, al menos en parte, la investigación. Lo que es más preocupante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las querellas presentadas por el propio Pedro Sánchez y su esposa, quien acusó a Peinado de prevaricación. Esta falta de apoyo institucional, según García Castellón, refuerza la idea de que el juez está sufriendo un evidente caso de acoso judicial.

En el contexto del lanzamiento de su nuevo libro, titulado 'Habla, para que se conozca', el exmagistrado denuncia lo que considera campañas destructivas lanzadas contra jueces que cumplen con su deber. Critica el uso del término "lawfare" como una excusa para deslegitimar las investigaciones judiciales, argumentando que lo que realmente está en juego es la integridad de la administración de la justicia. García Castellón aboga por un sistema donde se respete la ley y se castigue la corrupción de manera efectiva.

Según él, las críticas a las decisiones judiciales son aceptables dentro de un marco democrático, pero la descalificación de los jueces es una acción ruinosa que busca ocultar otras verdades. Asegura que los jueces están sujetos a un riguroso monitoreo y supervisión para garantizar su responsabilidad y que no se puede simplemente lanzar acusaciones sin pruebas sólidas.

El exmagistrado, quien ha tomado acción legal contra Ione Belarra, exministra y líder de Podemos, por acusaciones similares de prevaricación, sostiene que la protección del honor personal de los jueces es primordial. Advierte que la falta de respeto hacia la justicia y los jueces puede llevar a una descomposición social, en la cual la impunidad y el desprecio se vuelven norma.

García Castellón también recordó que no había discusiones sobre "lawfare" cuando se produjo el cambio de gobierno tras la caída del Partido Popular. Cuestiona la falta de consistencia en las acusaciones de "guerra judicial" y demanda un tratamiento equitativo a todos los casos, independientemente de la afiliación política.

Otro punto de su crítica toca el manejo del CGPJ, donde aboga por regresar a un sistema en el que los vocales sean elegidos honestamente por los jueces. Critica cómo los partidos han manipulado el sistema para colocar a sus propios afiliados en puestos clave del órgano de control judicial, lo que compromete la autonomía de la justicia.

En cuanto al futuro del CGPJ, García Castellón enfatiza que deben implementarse mecanismos que permitan una defensa activa de la independencia judicial, más allá de meras declaraciones. Se opone a un sistema dependiente de asociaciones que, a su juicio, actúan como sindicatos de intereses, en lugar de servir al interés público.

Finalmente, reafirma su compromiso con la justicia tras su jubilación, indicando que sigue involucrado en el ámbito judicial como abogado y está dispuesto a seguir luchando por la integridad del sistema. García Castellón concluye que la justicia es una cuestión de vital importancia para la sociedad y que todos deben esforzarse por mantener altos estándares en su funcionamiento.