En Madrid, el 28 de octubre, se escucharon declaraciones contundentes por parte de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Durante una reciente conferencia, dejó claro que la futura operación de la central nuclear de Almaraz, que podría extenderse hasta 2030, depende exclusivamente de las decisiones del Gobierno.

Galán destacó que no existen limitaciones técnicas que impidan la prolongación de la vida útil de la planta. Subrayó que en este momento, la continuidad de Almaraz queda en manos del Gobierno, que deberá tomar una decisión crucial en este asunto.

El presidente de Iberdrola hizo hincapié en que tanto la demanda social como la situación económica favorecen la permanencia de las centrales nucleares. Afirmó que su funcionamiento es esencial para garantizar un servicio eléctrico continuo y eficiente, sugiriendo que es responsabilidad del Gobierno abordar el tema y comunicar públicamente las implicaciones de su elección.

Además, Galán mencionó que ha habido un creciente interés por parte de varios partidos políticos y sectores de la sociedad que abogan por mantener en operación estas instalaciones nucleares. Argumentó que estas son imprescindibles no solo por una cuestión de responsabilidad social, sino porque son cruciales para asegurar un suministro de energía fiable y a precios razonables.

Respecto a la composición de la propiedad de Almaraz, mencionó que Iberdrola ostenta un 53% de la planta, Endesa un 36% y Naturgy un 11%. Todos los propietarios han instado al Gobierno a continuar operando la central nuclear, resaltando su importancia en el contexto actual.

Galán concluyó afirmando que las centrales nucleares son seguras y su papel es más relevante que nunca, especialmente para evitar apagones o inconvenientes en el suministro eléctrico. Resaltó que los dos reactores de Almaraz pueden seguir funcionando hasta 2030 sin necesidad de obtener nuevas licencias nacionales o internacionales.

Por último, cabe recordar que en 2019, las empresas propietarias de Almaraz firmaron un protocolo con Enresa que establece un calendario de cierre para el parque nuclear, que inicia en 2027 con el primer reactor y culmina en 2035.