El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha manifestado su postura respecto a la situación de la vivienda en España, subrayando que la okupación no debe ser vista como un "fenómeno descontrolado". En una intervención reciente, solicitó a los legisladores que ampliaran el parque de viviendas públicas, enfatizando que la crisis de desahucios es una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Gabilondo invitó a los parlamentarios a trasladar su debate sobre vivienda a la Cañada Real Galiana. Se trató de una propuesta enérgica para que los políticos se enfrenten a la dura realidad de la falta de vivienda y la infravivienda que sufren muchos españoles.

El Defensor del Pueblo abordó la situación de la vivienda en el país, prestando particular atención al tema de la okupación a petición del Partido Popular. Gabilondo argumentó que no hay evidencia suficiente para clasificar la okupación como un fenómeno alarmante, y pidió un incremento significativo de viviendas públicas de alquiler para abordar la crisis habitacional.

Gabilondo argumentó que si se confunden impagos por alquiler con okupación, la situación podría parecer más grave de lo que realmente es. Presentó datos que muestran una tendencia a la baja en las sentencias relacionadas con desalojos, lo que contradice la narrativa de que la okupación está fuera de control. Desde 2021, ha habido una disminución de las sentencias estimatorias por falta de pago, lo que sugiere que el problema podría estar siendo sobrestimado.

En su exposición, dejó claro que no todos los casos de impago deben considerarse delitos, y resaltó que la preocupación principal de los ciudadanos no radica en la okupación, un problema que solo afecta a una pequeña fracción de la población. Explicó que, aunque se han registrado más de 16.000 denuncias por ocupación en 2024, esta cifra representa un porcentaje mínimo frente a la totalidad de viviendas en el país.

Asimismo, clarificó que las cifras de denuncias no corresponden del todo a ocupaciones ilegales, ya que solo una pequeña parte de ellas se refieren a este tipo de casos, mientras que la mayoría gira en torno a usurpaciones o situaciones que no justifican una alarma social. Gabilondo aseguró que la preocupación por los desahucios es mucho mayor, con cientos de quejas recibidas en lo que va del año.

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a evitar las visiones extremas y a comprender que no todos los inquilinos son problemáticos, ni todos los propietarios son avaros. Planteó que hay una necesidad urgente de ofrecer soluciones prácticas al problema de la vivienda, como aumentar significativamente la oferta de vivienda pública y asegurar su protección a largo plazo.

Finalmente, en relación con la suspensión de los desahucios, Gabilondo enfatizó que es una medida temporal y que es fundamental que las autoridades trabajen para encontrar soluciones que eliminen la necesidad de tales paradas, abordando así el "dramático" problema social que representan los desalojos actualmente.