Gabilondo apoya la regularización de inmigrantes, pero advierte que no resolverá el problema de fondo.
MADRID, 24 de marzo.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha manifestado su apoyo a la reciente medida de regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, aunque ha advertido que esta iniciativa "no proporcionará una solución definitiva". Así lo señala en su informe anual correspondiente a 2025, presentado este martes en el Congreso a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Gabilondo subraya que es "muy acertado" que esta normativa aborde las deficiencias que ya fueron identificadas en la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022. Este análisis revela que el sistema migratorio español no solo es lento en adaptarse a las exigencias del mercado laboral, sino que también está plagado de ineficiencias, lo que alimenta prácticas de economía informal con altos costos humanos, económicos y sociales.
A pesar de su apoyo, el Defensor del Pueblo advierte que, por su naturaleza temporal, esta regularización no resolverá de manera definitiva los problemas relacionados con el arraigo y la aplicación de solicitudes de protección internacional que son rechazadas tras períodos prolongados de espera.
El Consejo de Ministros dio luz verde a esta nueva regularización extraordinaria el 27 de enero de este año, la cual está diseñada para aquellos extranjeros que ya se encuentran en territorio español. El objetivo es garantizar derechos y proporcionar seguridad jurídica dentro del sistema.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este proceso beneficiará a todos los extranjeros que hayan estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una estancia continua de al menos cinco meses en el país al momento de su solicitud.
Para los solicitantes de protección internacional, será suficiente con que su solicitud haya sido presentada antes del 31 de diciembre de 2025. También se incluirán requisitos tales como la ausencia de antecedentes penales y no representar una amenaza al orden público.
Las personas que cumplan con los criterios establecidos podrán obtener una autorización de residencia en España que inicialmente tendrá una vigencia de un año. Esta autorización permitirá trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país desde el primer día.
Finalmente, el Defensor del Pueblo señala que el proyecto recupera aspectos fundamentales de la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022, que busca abordar de manera eficaz los desajustes en el mercado laboral español derivados de la falta de mano de obra en el ámbito migratorio.