El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado recientemente la naturaleza y funciones de la institución que dirige, subrayando su carácter constitucional y su independencia frente a cualquier mandato. En un evento celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid, Gabilondo enfatizó que, aunque el Defensor del Pueblo tiene un papel crucial, no actúa como un juez ni se involucra en los procesos administrativos como parte interesada.

Gabilondo destacó que su papel no es ejercer control sobre el Gobierno, sino supervisar cómo las administraciones se relacionan con los ciudadanos, asegurando que se respeten sus derechos. También reiteró que su labor incluye informar a las Cortes Generales sobre el estado de la administración pública, con la responsabilidad de promover la eficiencia, la justicia y la convivencia en la sociedad.

Durante su intervención, el Defensor explicó las funciones esenciales de su oficina, subrayando la importancia de verificar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas que rigen la administración pública. Se refirió al artículo 103.1 de la Constitución, que regula principios como la eficacia y la coordinación en la actuación gubernamental.

Gabilondo también recordó que, de acuerdo con la Ley Orgánica que rige su institución, no está obligado a seguir instrucciones de ninguna autoridad, lo que garantiza su autonomía. Rechazó cualquier interpretación incorrecta de este principio, afirmando que su propósito es evitar la arrogancia y asegurar que se actúe con independencia y responsabilidad en su labor.

El Defensor del Pueblo apeló a la necesidad de estar a la altura de los desafíos del cargo, subrayando que se debe buscar la efectividad sin caer en la complacencia o el temor. Mencionó la importancia de no dejarse llevar por intereses que solo busquen evitar conflictos, sino trabajar verdaderamente en la defensa de los derechos ciudadanos.

En el marco de su presentación, Gabilondo también ofreció un adelanto sobre el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2024, el cual fue presentado ante las Cortes Generales en marzo y que ahora se discutirá en el Senado. Este informe no solo aborda problemas, sino que se centra en una supervisión efectiva que refuerce la confianza pública en las instituciones.

Entre las estadísticas del año 2024, se reportaron un total de 34.629 expedientes gestionados, de los cuales resultaron 2.501 resoluciones dirigidas a diversas administraciones. Se emitieron numerosas recomendaciones y sugerencias, así como advertencias y recordatorios de deberes legales, reflejando la amplia actividad de la institución.

Las quejas más frecuentes se registraron en la Comunidad de Madrid, seguida por Andalucía y Cataluña, resaltando así las áreas donde los ciudadanos sienten la necesidad de intervención. Las distintas temáticas abarcan desde Justicia y Seguridad Social hasta Educación y Medio Ambiente, evidenciando la diversidad de cuestiones que la institución debe abordar para servir a la ciudadanía.