El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha hecho un llamado a los ciudadanos españoles para que mantengan la vigilancia y demanden mayor claridad ante la reciente propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Este anuncio también incluye la implementación de medidas que buscan sancionar a las plataformas digitales y a sus directivos si no eliminan contenido considerado "de odio o ilegal".

Durov enfatiza que estas iniciativas no son verdaderas salvaguardias, sino que representan un avance hacia un control estatal absoluto. Advirtió que situaciones similares ya han ocurrido en otros contextos donde los gobiernos han invocado la seguridad como pretexto para silenciar a quienes critican su gestión. "En Telegram, valoramos su privacidad y libertad por encima de todo, ofreciendo cifrado robusto y sin puertas traseras", afirmó el empresario.

Una de las reformas propuestas por Sánchez incluye la modificación del Código Penal, lo que haría que los directores de las plataformas digitales sean penalmente responsables por cualquier infracción en sus servicios, sobre todo en relación con el incumplimiento de eliminar contenidos considerados ilegales.

Desde la perspectiva de Durov, estas regulaciones podrían transformar a España en un estado de vigilancia que se justifica bajo el manto de la "protección". Alertó que la verificación de edad obligatoria para el uso de redes sociales por menores llevaría a las plataformas a implementar controles restrictivos, que podrían incluir la presentación de documentos de identidad o el uso de tecnología biométrica.

"Esto sienta un precedente para seguir la pista de cada usuario, lo que a su vez puede comprometer el anonimato y abrir la puerta a la recolección de datos a gran escala. Lo que comienza siendo una medida para menores podría extenderse a todos los usuarios, ahogando el debate público", advirtió Durov.

Asimismo, Durov subrayó que los dirigentes de las plataformas estarían en riesgo de enfrentar penas de cárcel si no eliminan de manera expedita el contenido considerado ilegítimo o perjudicial. Según él, esto promoverá una cultura de sobrecensura, donde las plataformas se verán obligadas a eliminar cualquier contenido que pueda resultar controvertido, silenciando así voces disidentes, periodismo crítico y opiniones diversas. "Cualquiera podría ser el siguiente en ser silenciado si desafía el orden establecido", reflexionó.

El fundador de Telegram también destacó cómo estas normativas transformarían en un delito la difusión de contenido que algún gobierno considere "perjudicial". Según su perspectiva, esto implica que los gobiernos se arrogan el poder de decidir lo que los ciudadanos pueden ver, marginando opiniones en oposición y generando cámaras de eco bajo control estatal. "La exploración de ideas se desvanecería, sustituyéndose por propaganda cuidadosamente seleccionada", enfatizó.

Finalmente, Durov mencionó que las plataformas asumirían la tarea de vigilar cómo sus contenidos "alimentan la división". Avisó que las definiciones imprecisas de "odio" podrían conducir a que las críticas al gobierno sean categorizadas como divisivas, lo que resultaría en cierres de cuentas o multas. "Esto podría convertirse en una herramienta para suprimir a la oposición", concluyó Durov.