Fiscalía solicita cerrar el caso contra los miembros del comité que aprobaron la eutanasia de Noelia.

En Barcelona, el 30 de marzo, la noticia ha captado la atención de muchos debido a la reciente solicitud de la Fiscalía de archivar el caso contra dos integrantes del Comité de Ética Asistencial. Estos profesionales estaban involucrados en la tramitación de la eutanasia de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia, quien recibió asistencia para morir el pasado jueves, según información proporcionada por el Ministerio Público a Europa Press.

La solicitud de la Fiscalía se ha dirigido al Juez de Instrucción número 20 de Barcelona, quien investiga el caso de un médico y una jurista tras una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos. Esta denuncia alega que los implicados podrían haber cometido delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Según los detalles de la denuncia, se afirma que los denunciados admitieron en el juzgado que simularon un desacuerdo ficticio para que la decisión de eutanasia fuese elevada al pleno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC). Este procedimiento habría distorsionado el trámite legal estándar y proporcionado una cobertura administrativa a la autorización.

El Juzgado de Instrucción número 20 llevó a cabo la tramitación de la denuncia con la meta de obtener una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, que previamente aprobó la eutanasia de la joven y consideró que no había irregularidades en el proceso.

La jueza, en el auto emitido el 26 de marzo, argumentó que la solicitud de testimonios era válida y requería que la denuncia se admitiera para que la solicitud de documentación tuviese el sustento legal necesario. Una vez que se recogiera esta documentación, el caso sería sometido a la Fiscalía para su análisis sobre la posible relevancia penal.

En la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 que validó la eutanasia de Noelia, un dictamen que también fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se determinó que no existían indicios de delito en las actuaciones de los médicos involucrados.

La jueza destacó que, en el análisis realizado por la pareja médico-jurídica, se hizo constar que la jurista expresó ciertas “dudas” sobre si el sufrimiento de la paciente podía considerarse como grave, crónico e incapacitante, tal como estipula la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), lo cual llevó a emitir un informe que no apoyaba la eutanasia.

Durante el juicio, los implicados señalaron que, dado lo complejo del caso, decidieron elevarlo al pleno. La magistrada dictó que esta decisión no causa nulidad en el procedimiento, ya que enaltece las garantías de la decisión, considerando que el voto sobre el asunto requería la aprobación unánime de los 19 miembros de la CGEC.