La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles al magistrado del Tribunal Supremo que persigue el 'caso Koldo' la implementación de medidas cautelares para dos altos directivos de Acciona. Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de la compañía en España, y Tomás Olarte, quien dirigió la zona norte, se encuentran bajo investigación por la presunta manipulación de licitaciones de obra pública a cambio de sobornos. La petición incluye la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en los juzgados cada quince días.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ha formalizado esta solicitud ante el magistrado Leopoldo Puente durante una vista que se llevó a cabo este miércoles. Ambos directivos comparecieron en calidad de investigados en la causa que investiga esta supuesta trama de corrupción.

Las acusaciones populares han apoyado la demanda de la Fiscalía, mientras que las defensas de los implicados han expresado su desacuerdo. Por ahora, se espera que el instructor tome una decisión sobre la aplicación de las medidas cautelares solicitadas.

Es importante mencionar que el magistrado citó a Pelegrini y Olarte tras revisar informes recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analizan diversas adjudicaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, una empresa en el centro de esta trama que involucra a figuras políticas como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos.

Las indagaciones revelan que Cerdán poseía un 45% de Servinabar, junto a su socio Antxon Alonso y un tercer socio, identificado por la Benemérita como Jon Aritz Santamaría. Según las investigaciones, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, coincidiendo con el desarrollo del proyecto 'Mina Muga' en Navarra, donde se sitúa el origen de la UTE y de la supuesta trama.

El informe de la UCO subraya que Acciona y Servinabar firmaron un acuerdo en 2015 para "explorar futuras oportunidades de negocio", que otorgaba a Servinabar un 2% en las operaciones. Este convenio fue firmado por Pelegrini en representación de Acciona y por Alonso en nombre de Servinabar, destacando que los vínculos comerciales también involucraron a Cerdán, Olarte y Manuel José García Alconchel, exdirectores de Acciona Construcción.

La Guardia Civil ha documentado que Pelegrini mantenía una comunicación constante con Alonso, realizando encuentros personales, algunos de los cuales se llevaron a cabo bajo estrictas precauciones, como anotaciones manuscritas durante videoconferencias. Además, Olarte y García Alconchel firmaron varios Memorándum de Entendimiento (MoE) entre Acciona y Servinabar relacionados con las adjudicaciones investigadas.

Por su parte, Acciona Construcción ha desmentido cualquier acusación de pago de comisiones vinculadas a los individuos mencionados, afirmando que se reserva el derecho a iniciar acciones legales si se determina que las investigaciones causan algún daño directo a la empresa debido a las actuaciones de los investigados o de cualquier otra persona involucrada.