Las normas internas del Ministerio Fiscal que sugieren no conservar datos de forma "indefinida" y preocupaciones relacionadas con la seguridad han sido el fundamento utilizado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para eliminar los mensajes de su teléfono móvil durante un periodo crucial de tiempo. Este hecho ha salido a la luz tras informes que aseguran que García Ortiz eliminó los mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, fechas clave vinculadas a la supuesta filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De acuerdo con fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el fiscal general tomó la decisión de borrar personalmente los mensajes de ese intervalo. Sin embargo, se aclara que esta acción no fue motivada de manera específica por los mensajes relacionados con la filtración, sino que fue parte de un proceso rutinario de eliminación cíclica que aplica a todos los mensajes almacenados en su dispositivo móvil.

El mismo jueves de la semana pasada, ya se había indicado que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza un borrado cíclico en dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras por motivos de seguridad, no solo para el fiscal general, sino también para el resto de los miembros de la institución. Esta acción ha sido utilizada como justificación ante el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) encontrara "0 mensajes" en el teléfono de García Ortiz durante la investigación.

En cuanto a la normativa interna, las fuentes subrayaron que existen directrices que desaconsejan la conservación indefinida de datos. Específicamente, mencionaron la instrucción 2/2019, que establece que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de manejar los datos personales según ciertos principios de protección, incluyendo la limitación del periodo de conservación. Esto implica que deben tomarse medidas razonables para retener la información únicamente durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los cuales fue recogida.

La instrucción también exige que el Ministerio Fiscal proceda a la destrucción segura de documentos y dispositivos que ya no estén en uso, recomendando el uso de destructoras o contenedores cerrados para la documentación en papel. Asimismo, se hace referencia a una guía básica en materia de protección de datos que fue distribuida entre los miembros del Ministerio en junio de 2022, la cual enfatiza la importancia de no almacenar documentos digitalmente de forma indefinida y de eliminarlos una vez que pierden su utilidad.

Adicionalmente, la guía aconseja que la información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles debe ser limitada al máximo, siendo obligatoria su encriptación en caso de uso. También se establece que los equipos informáticos deben ser formateados y certificados como tal una vez retornan a su uso por parte del personal correspondiente.

El revuelo mediático se intensificó el jueves pasado al conocerse un informe de la UCO, solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que abordaba el contenido de los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz durante un registro realizado el 30 de octubre en su despacho. Este documento de la Guardia Civil constató que no había "0 mensajes" en los dispositivos de García Ortiz entre las fechas controversiales, motivo por el cual se investiga una potencial revelación de secretos que involucra a González Amador.

A pesar de este resultado en la búsqueda, se destaca que el informe también incluyó datos sobre los dispositivos incautados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En este caso, la Guardia Civil efectivamente detectó mensajes entre García Ortiz y Rodríguez durante el registro realizado en su despacho en la misma fecha. Esta discrepancia ha generado aún más preguntas sobre el manejo de datos y la transparencia en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal.