La reciente actuación de la Fiscalía General del Estado ha suscitado un amplio interés al revelarse que esta institución practica un borrado cíclico de la información contenida en dispositivos electrónicos, tanto del fiscal general, Álvaro García Ortiz, como de otros miembros de la entidad. Esta decisión, sustentada en severas normas de protección de datos, busca garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, evitando la retención indefinida de los mismos. Así se ha indicado a Europa Press por diversas fuentes dentro de la Fiscalía.

Las fuentes consultadas enfatizan que existen regulaciones internas que desaconsejan la conservación de datos de manera indefinida. Por ejemplo, se hace alusión a la instrucción 2/2019, que establece que el Ministerio Fiscal debe gestionar los datos personales conforme a principios claros que protejan la privacidad de los ciudadanos. Dentro de este marco, la normativa expresa que los datos deben ser mantenidos solamente durante el tiempo necesario para ciertos fines, siguiendo un enfoque de transparencia y eficacia en su manejo.

Un aspecto clave de estas directrices es la limitación del tiempo de conservación de los datos personales, que obliga al Ministerio Fiscal a implementar medidas que garanticen que solo se retengan durante el tiempo indispensable para cumplir con los objetivos específicos del tratamiento. Este enfoque no solo busca proteger la privacidad, sino también fortalecer la confianza pública en las instituciones encargadas de justicia y seguridad.

Además, la normativa también menciona la obligación de destruir adecuadamente documentos y dispositivos que ya no estén en uso. Se han establecido directrices específicas sobre cómo se debe manejar la documentación en papel, utilizando destructoras adecuadas o contenedores cerrados para asegurar que la información no sea recuperable de forma indebida.

La guía de protección de datos, difundida entre el personal fiscal en junio de 2022, refuerza la importancia de no almacenar documentos de forma indefinida, tanto en formatos digitales como en cuentas de correo electrónico. Se insiste en la necesidad de eliminar cualquier archivo una vez que deje de ser útil, asegurándose de que no permanezca en las carpetas de reciclaje, evidenciando un compromiso con la privacidad y el manejo responsable de la información.

Además, la guía sugiere que cualquier almacenamiento de datos personales en dispositivos portátiles debe ser mínimo y, en caso de ser necesario, estos datos deben estar debidamente encriptados. También se recomienda formatear los equipos informáticos tras su utilización, asegurando una correcta certificación de dicho proceso por el personal encargado. Todo esto se enmarca en una política de seguridad rigurosa, destinada a limitar el riesgo de filtraciones y accesos no autorizados.

Recientemente, se hizo público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se afirmaba que no se hallaron mensajes en los dispositivos de García Ortiz, un resultado que ha llamado la atención en el contexto de una supuesta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, actualmente bajo investigación en el Tribunal Supremo.

Este análisis realizado por la UCO involucró la revisión de los dispositivos que fueron incautados a García Ortiz durante un registro en su despacho el 30 de octubre, incluyendo dos teléfonos móviles, un ordenador y una tableta. A pesar de la ausencia de mensajes en sus dispositivos, el informe también señala que en el caso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fueron encontrados intercambios de mensajes con García Ortiz, lo que añade un matiz a la investigación en curso.