MADRID, 24 de noviembre.

En un giro inesperado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido dimitir de su puesto en el Gobierno tras recibir una condena del Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre. Esta sentencia lo inhabilita durante dos años por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado dirigido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz subraya que su renuncia está motivada por el “profundo respeto” que tiene hacia las decisiones judiciales y su compromiso con la protección de la Fiscalía. En sus palabras, considera que no hay necesidad de esperar a conocer los detalles de la sentencia para dar este paso decisivo.

El fiscal destaca en su carta que esta decisión no solo responde a su responsabilidad hacia el Ministerio Fiscal, sino también a la sociedad española en su conjunto. Al conocer el veredicto, siente que es el momento adecuado para alejarse de tan relevante responsabilidad.

García Ortiz expresa su entendimiento de que la sentencia dictada por el alto tribunal significa que ha sido declarado culpable, al considerar los eventos juzgados como delictivos, aunque sea de manera preliminar.

A pesar de su dimisión, el ex fiscal general manifiesta que siempre ha ejercido su cargo con lealtad hacia la institución y un fuerte sentido del deber. Se despide agradeciendo al Gobierno por la oportunidad que se le brindó al ser nombrado para este puesto, remarcando que la confianza que recibió ahora la devuelve con su renuncia.

Hasta que se designe a su sucesor, la Fiscalía quedará bajo la dirección de María Ángeles Sánchez Conde, actual teniente fiscal del Tribunal Supremo. Esta es una persona cercana a García Ortiz, quien fue la encargada de ejercer como fiscal en el juicio donde defendió su inocencia.

UN JUEZ QUE DEBE RINDEN CUENTAS

La condena a García Ortiz incluye dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

Sin embargo, esta sentencia se queda corta en comparación con lo que solicitaban las acusaciones, que pedían hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación, una multa de 108.000 euros y 300.000 de indemnización.

El verdict no fue unánime. Contó con la aprobación de cinco de los magistrados, entre ellos el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, mientras que hubo disenso por parte de las juezas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, quien originalmente redactaría la sentencia.

Este fallo es histórico, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado enfrenta un juicio. La sentencia fue anunciada una semana después de la conclusión del proceso judicial, aunque todavía no se han divulgado todos los detalles, salvo un breve comunicado que confirma la condena por revelación de datos reservados.

Este delito, conforme al artículo 417.1 del Código Penal, castiga a aquella autoridad o funcionario que divulga información a la que tiene acceso por su cargo. Las penas varían entre multas y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

UNA NUEVA REALIDAD

Con su renuncia, García Ortiz deberá solicitar su reintegración en la carrera fiscal, ya que durante su mandato como fiscal general estaba en “servicios especiales”.

Expertos legales advierten que esta vuelta podría ser problemática, dado que el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que perderá su condición de fiscal debido a su inhabilitación. Asimismo, el reglamento señala que cualquier condena por inhabilitación antidemocrática implicaría la pérdida de su estatus.

El proceso de rehabilitación dependerá de la Inspección Fiscal, que llevará a cabo la evaluación pertinente y elaborará un informe que será revisado por el nuevo fiscal general antes de ser enviado al Ministerio de Justicia para su resolución.

Aún así, sería prudente esperar la sentencia completa para entender con claridad el alcance de la decisión del tribunal.