Feministas exigen protección legal para el deporte femenino tras la resolución del COI sobre atletas trans.
En Madrid, el 27 de marzo, un grupo de feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha instado al establecimiento de un marco legal que garantice la protección del deporte femenino. Este llamado surge tras la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de restringir la participación de mujeres transgénero en las competiciones femeninas.
El COI reveló el jueves que implementará una nueva política sobre la defensa de la categoría femenina en el deporte olímpico, la cual entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta normativa no tendrá efecto retroactivo y prohibirá a las mujeres transgénero competir en las categorías femeninas.
En sus nuevas directrices, se ha indicado que la elegibilidad para cualquier competencia femenina en los Juegos Olímpicos, así como en otros eventos organizados por el COI, estará restringida a las mujeres biológicas. Este criterio se establece tras la evaluación del gen SRY, determinando su ausencia o presencia como factor clave.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que la postura del COI representa un "reconocimiento claro de una realidad respaldada por la ciencia": las ventajas competitivas que derivan del sexo y que persisten durante toda la vida, sin que intervenciones hormonales puedan eliminarlas.
Según argumentan, estas ventajas ponen a las atletas en una situación de "notoria desigualdad" al competir contra individuos del sexo masculino, independientemente de su autoidentificación de género. La organización ve esta decisión del COI como un "cambio de rumbo significativo" en el entorno internacional, reflejando una tendencia que también están adoptando diversas federaciones deportivas.
La Alianza exige la pronta revisión y modificación de todas las normativas a nivel nacional y autonómico que, a su juicio, infrinjan el principio de igualdad y equidad dentro del deporte femenino. Los representantes de esta organización subrayan que "el deporte debe ser un ámbito de justicia y condiciones equitativas", insistiendo en que la protección de las categorías femeninas no es un asunto ideológico, sino una exigencia fundamentada en evidencias científicas y en el respeto por los derechos de las mujeres.
Adicionalmente, la Alianza ha estado involucrada en diversas campañas de concienciación sobre el tema, con el fin de proporcionar "datos científicos robustos" que, según su versión, contrarrestan una narrativa que busca utilizar el deporte para validar identidades, sacrificando así principios esenciales como la igualdad de oportunidades y la justicia en la competencia.
Asimismo, la organización señala que un total de 15 comunidades autónomas han incluido en su legislación estipulaciones que permiten a varones que se identifican como mujeres participar en las categorías femeninas, creando un entorno de desigualdad y precariedad para las deportistas. Aunque las primeras leyes LGTBI y trans a nivel autonómico no abordaban esta inclusión, desde 2015, han surgido nuevas legislaciones que, siguiendo un patrón similar, se basan en la noción de 'identidad de género', lo que, en la práctica, facilita que atletas de sexo masculino compitan en eventos destinados a mujeres.