El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su firme oposición al reciente decreto anti desahucios anunciado por el Gobierno español, durante una intervención en Binéfar, en la provincia de Huesca. Según Feijóo, esta medida representa un intento de "expropiar el derecho de los arrendadores a recibir su renta", además de responsabilizarlos injustamente por las fallas del Gobierno en materia de políticas sociales.

En una conferencia de prensa tras visitar la empresa Fribin, Núñez Feijóo ha enfatizado que "los verdaderos responsables de la falta de políticas sociales en nuestro país son las administraciones, y no los ciudadanos". Agregó que estos últimos no deberían ser considerados culpables de que algunas familias vulnerables enfrenten dificultades económicas, como la incapacidad de hacer frente a gastos educativos o de alquiler.

El presidente del PP ha calificado de "inaudito" que se exija a un propietario, fruto de su esfuerzo, renunciar al ingreso por alquiler debido a la incapacidad del Gobierno para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad. Esto, insiste, es una muestra de claudicación en la responsabilidad social que corresponde a las instituciones públicas.

Feijóo afirmó que la situación actual evidencia que el Ejecutivo ha faltado a la verdad con los pensionistas y con los ciudadanos, utilizando las pensiones como herramienta para desviar la atención de su ausencia de políticas sociales y de vivienda efectivas. Su comentario se refiere específicamente al llamado decreto ómnibus, que según él es un indicativo de la falta de sensibilidad social del Gobierno.

Además, hizo hincapié en que una política social genuina no debería implicar que un ciudadano en apuros económicos deba dejar de pagar a quienes le brindan servicios, como arrendadores o propietarios de supermercados. En cambio, ese tipo de medidas solo perpetúa el problema y desatiende las necesidades de la población vulnerable.

Referente a los recientes comentarios de Lara Hernández, integrante de Sumar, quien minimizó la problemática de la ocupación ilegal, Feijóo reafirmó que el Gobierno no posee la autoridad para expropiar a los arrendadores. Insistió en que este tipo de prácticas son características de regímenes no democráticos y no tienen cabida en una nación como España.

Feijóo subrayó la magnitud del problema al señalar que hay aproximadamente 80,000 propietarios que no reciben ingresos de sus alquileres y más de 40,000 hogares están ocupados ilegalmente. "Negar existencia de estos problemas es un agravio para quienes los padecen", afirmó.

El líder del PP cuestionó la realidad de la representante de Sumar, sugiriendo que su desinformación sobre el tema es un insulto a las miles de personas que enfrentan ocupaciones ilegales. A su parecer, la lógica detrás de los decretos emitidos es para proteger a los inquilinos de desahucios en condiciones de impago, lo que, a su juicio, no aborda la raíz de la problemática.

Feijóo también afirmó que la solución a la incapacidad de un inquilino para hacer frente a su renta debería ser a través de políticas sociales y vivienda pública, en lugar de cargar con la responsabilidad sobre los individuos. Para él, la urgencia es clara: "España necesita 700,000 viviendas más", subrayando que el actual Gobierno ha creado una crisis de vivienda que no se veía desde la burbuja inmobiliaria.

Finalmente, remarcó que en la llegada de este Gobierno, la preocupación por la vivienda ocupaba un lugar lejano en la lista de prioridades de los españoles, pero hoy se ha convertido en la principal inquietud, lo que indica el fracaso de las políticas habitacionales llevadas a cabo hasta ahora, que considera una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos en España.