El Partido Popular (PP) ha manifestado su oposición contundente a la reciente iniciativa presentada por el PSOE, acusando a la formación socialista de intentar "laminar" al Poder Judicial en un momento de aparente desesperación debido a los múltiples casos de corrupción que la rodean.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha calificado la propuesta del PSOE de limitar la acusación popular y las “acciones judiciales abusivas” como una “ley de impunidad” diseñada específicamente para proteger a la familia socialista frente a las acusaciones de corrupción que la afectan directamente.
En un tono sarcástico, Feijóo sugirió que la idea de esta legislación proviene de “maletas venezolanas”, refiriéndose a un escándalo que involucra a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el controvertido ingreso de maletas al aeropuerto de Barajas en enero de 2020, un comentario que resuena en el contexto político actual.
La reacción del dirigente popular se produce a raíz de la proposición de ley orgánica titulada 'garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas', presentada por el PSOE en el Congreso. Según el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, el objetivo es proteger a los ciudadanos de “mecanismos de acoso” provenientes de grupos considerados “ultras”, que utilizan la acusación popular para intereses propios.
Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha arremetido contra el presidente Pedro Sánchez, acusándolo de buscar una “impunidad” que frene las investigaciones judiciales. Gamarra sostiene que esta reforma persigue “amordazar” a los jueces, limitando su capacidad para investigar la corrupción.
La dirigente del PP enfatizó que las acciones del Gobierno de Sánchez respecto a la corrupción se han limitado a una serie de pasos que incluyen cometerla, indultarla o amnistiarla, aplaudirla y, finalmente, intentar silenciar a los jueces para que no se puedan realizar investigaciones adecuadas.
Desde la perspectiva del PP, la ley en cuestión que planea el PSOE no hace más que confirmar su “desesperación” ante la creciente presión de los escándalos de corrupción que amenazan al Gobierno, al partido y a Pedro Sánchez. A su juicio, esta iniciativa revela una intención clara de perseguir a todos aquellos que denuncian, investigan o informan sobre posibles actos corruptos dentro de las filas socialistas.
Asimismo, el Partido Popular ha declarado que esta medida representa un avance en la estrategia del PSOE para deteriorar la independencia del Poder Judicial, moviendo la responsabilidad de las investigaciones judiciales de los jueces a la Fiscalía y fomentando, así, una imagen negativa de toda la justicia ante la ciudadanía.
El PP ha afirmado que “la desesperación” del PSOE frente a los casos de corrupción que lo asedian es más que obvia, igual que su “voluntad de perseguir” a quienes levantan la voz en denuncia de esta corrupción.
Finalmente, el Partido Popular ha hecho hincapié en la ironía de que, mientras Nicolás Maduro intenta consolidar su permanencia en el poder en Venezuela de manera antidemocrática, el Gobierno de España se dedique a establecer un control sobre los jueces, lo que consideran una señal simbólica alarmante. “Es indecente que hablen de ultras hoy, después de haber permanecido en silencio frente a la calamidad que vive Venezuela”, concluyó el PP en su comunicado.
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