En una reciente declaración, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto de relieve los potenciales inconvenientes que acarrearía la posible fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT), especialmente en el marco de la propuesta de establecer un nuevo organismo independiente para la gestión y recaudación fiscal en Cataluña. Según el análisis realizado, esta medida podría resultar en una disminución significativa de la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y en una recaudación que podría ser poco efectiva.

El acuerdo de investidura que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat en agosto de 2024 contempla que esta comunidad autónoma asuma la "gestión, recaudación y liquidación de todos los impuestos", lo que implicaría la creación de una nueva Agencia Tributaria catalana. Esta iniciativa ha generado preocupación entre los expertos económicos, que advierten sobre las implicaciones que tendría para el sistema tributario del país.

Alberto García Valera, autor del análisis de Fedea, argumenta que esta fragmentación no se ajusta a lo establecido por la Constitución, ya que la gestión de impuestos es competencia exclusiva de la Hacienda Estatal. Este punto de vista resalta la importancia de mantener un sistema tributario cohesionado, especialmente considerando la complejidad de las interacciones económicas entre regiones.

El artículo argumenta, además, que la creación de un organismo tributario autonómico representaría un retroceso en el ámbito de las reformas fiscales, sugiriendo que, en lugar de una mayor fragmentación, el país debería orientarse hacia una integración más robusta, similar a las prácticas establecidas en organizaciones como la OCDE o la Unión Europea.

Uno de los problemas destacados en el estudio es la probable disminución en la capacidad de informar y asistir a los contribuyentes. La autonomía que tendría este nuevo organismo complicaría el acceso a información esencial por parte de la Hacienda, lo que resultaría en una falta de asistencia adecuada, ya que no se podrían ofrecer borradores de declaraciones, datos fiscales completos ni programas de ayuda y criterios uniformes para los ciudadanos.

Fedea también señala que los ciudadanos ya han podido observar estos efectos a través de la experiencia de regímenes forales o de concierto como los de País Vasco y Navarra, donde la falta de coordinación con la Hacienda Estatal ha generado dificultades notables. Esta descoordinación, sumada a una mayor carga burocrática, podría complicar aún más el panorama fiscal, dificultando tanto la prevención del fraude fiscal como una recaudación eficiente.

La falta de acceso a datos fiscales de manera ágil y directa dificultaría a los inspectores de Hacienda identificar a quienes podrían estar eludiendo sus obligaciones tributarias. Esto lleva al autor a concluir que "un sistema de control de actividades económicas ha de ser integral para resultar eficiente", augurando que la AEAT sufriría un control deficiente sobre las empresas registradas en Cataluña, así como sobre las multinacionales que operan en la región.

Además, la eficiencia en la recaudación tributaria también encontrará obstáculos ante el desmembramiento de la AEAT. Por ejemplo, las administraciones territoriales no podrían ejecutar competencias sobre bienes localizados fuera de su territorio, lo que podría agravar aún más la situación fiscal en Cataluña y en el resto del país.

Ante estos argumentos, Fedea hace un llamado a la "altura de miras", enfatizando que tanto los ciudadanos como las empresas no se beneficiarían de la fragmentación de la Agencia Tributaria. Por el contrario, sostienen que este camino conduciría a pérdidas significativas en la adopción de mejores prácticas, las cuales permiten aprovechar las economías de escala que son cruciales para un sistema fiscal más eficiente y justo.