En Madrid, el pasado 16 de octubre, familiares de las víctimas y diversos colectivos sociales se han unido bajo la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores para iniciar un proceso de reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano del Consejo de Europa. Esto se debe a lo que consideran una "discriminación" hacia las más de 30.000 personas dependientes que fallecieron en residencias, hogares y centros de discapacidad en España durante la pandemia, al no ser derivadas a hospitales.

Según han informado a Europa Press, más de 30.000 personas dependientes fueron privadas de sus derechos a la salud, seguridad social, asistencia social y médica, servicios sociales contemplados en la Carta Social Europea. Esto fue consecuencia de las directrices y protocolos de las autoridades, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros responsables de diferentes regiones.

Por lo tanto, los familiares de las víctimas, asociaciones, plataformas y colectivos sociales comprometidos con una Sanidad Pública, Universal y de Calidad, junto con trabajadores y sindicatos del ámbito sociosanitario, médicos, epidemiólogos, técnicos de la administración pública y pensionistas, han convocado una Conferencia Estatal el sábado 19 de octubre en la Parroquia San Carlos Borromeo, bajo el lema 'Miles de personas dependientes discriminadas'.

Durante este encuentro, llevarán a cabo la planificación de una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, como una forma más de lucha social y empoderamiento para buscar Justicia.

Su objetivo es poner en cuestión ante el Comité la legislación o las actuaciones públicas que puedan no cumplir con alguno de los derechos reconocidos por la Carta Social Europea.

A diferencia de una demanda individual que se resuelve en la autoridad judicial, esto implica un proceso para revisar la legalidad o acción impugnada y determinar si cumple con la Carta, además de las medidas a tomar en caso de incumplimiento y posibles modificaciones legales necesarias para ajustarse a dicho documento.

Además, se presentarán nuevas denuncias de muertes ocurridas en hogares y centros de atención sociosanitaria debido a los protocolos que evitaron la derivación a hospitales, exigiendo a las Fiscalías territoriales que intervengan y realicen nuevas investigaciones.

La Conferencia Estatal también discutirá la importancia de diseñar una Ley de Cuidados y Residencias con estándares mínimos obligatorios para todas las Comunidades Autónomas. Argumentan que el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y diez comunidades, no consiguió un consenso y algunas autonomías se negaron a aplicar sus directrices.