El Ministerio de Consumo se prepara para tomar medidas ante las compañías que no cumplan con la normativa

MADRID, 30 Sep.

Facua-Consumidores en Acción ha expresado su descontento respecto a la reducción del IVA en alimentos básicos promovida por el Gobierno y que expira este martes, considerándola como una medida "ineficaz e insuficiente" para los consumidores, según indica en un comunicado.

La organización de consumidores señala que la rebaja fiscal, que en sí misma aportaba "mínimas reducciones de precios" en productos que venían experimentando aumentos considerables, ha sido aún menos efectiva debido a la falta de supervisión sobre las grandes cadenas de distribución para garantizar el cumplimiento de la prohibición de aumentar márgenes.

Desde el inicio de esta medida, Facua mostró su rechazo al considerar que no contribuía lo suficiente a aliviar el significativo encarecimiento en la cesta de la compra. Durante estos meses, la organización ha estado monitoreando mensualmente los precios y alertando sobre posibles violaciones de la prohibición de incrementar márgenes de beneficio por parte de los supermercados, práctica prohibida por el real decreto-ley que estableció la bajada del impuesto.

Después de las denuncias, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió el pasado febrero una solicitud a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para que justificaran que los aumentos aplicados desde enero de 2023 en los precios de varios alimentos básicos no han resultado en incrementos de sus márgenes de beneficio. En julio, se volvió a contactar con ellas para evaluar la situación de los precios de los aceites de oliva de marca blanca.

En este momento, Facua aguarda la anunciación por parte del Departamento liderado por Pablo Bustinduy sobre la apertura de expedientes sancionadores a los supermercados.

La organización de consumidores reitera que siempre ha abogado por que la única medida verdaderamente efectiva para controlar los precios es la intervención estatal y el establecimiento de precios máximos, facultad respaldada por la Ley de Comercio de 1996.