La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha hecho un llamado enfático a las autoridades de la Unión Europea (UE) para que se establezca una mayor "claridad sobre el empleo y las inversiones" antes de que finalice este año. Este pedido surge ante la preocupación de que los nuevos estándares de la normativa 'CAFE', que regula las emisiones de CO2, puedan perjudicar la competitividad de la industria automotriz en Europa, así como el empleo en el sector.

En un comunicado oficial, Acea ha instado a los responsables políticos a actuar antes de 2024 para prevenir consecuencias adversas. La asociación enfatiza la necesidad de adoptar medidas que no solo faciliten la transición hacia un modelo más sostenible, sino que también salvaguarden los empleos existentes y la competitividad del sector automovilístico europeo.

Aunque la industria automovilística europea reafirma su compromiso con los objetivos de neutralidad climática establecidos por la UE para el año 2050, también subraya las tensiones inminentes que surgirán en 2025, cuando se implanten límites más estrictos de emisiones de CO2. Acea advierte que los fabricantes serán los únicos responsables de enfrentar las sanciones si no logran cumplir con estas nuevas metas ambientales.

Según la normativa 'CAFE', a partir de 2025, las emisiones de CO2 de los automóviles vendidos en los 27 países de la UE deberán ser reducidas a un máximo de 93,6 gramos por kilómetro. Los fabricantes que sobrepasen este límite podrían enfrentarse a multas de hasta 95 euros por cada gramo excedido, lo que representa una carga significativa en un mercado ya desafiado por múltiples factores.

Acea resalta que, a diferencia de la situación de hace cuatro años, ahora es imprescindible contar con un enfoque coordinado que involucre tanto aspectos internos como externos a los fabricantes. De acuerdo con la asociación, no basta con establecer nuevos objetivos regulatorios y aumentar la oferta de vehículos; es imperativo que el impulso del mercado esté alineado para que la transición energética sea verdaderamente efectiva.

Sin embargo, la realidad es que las ventas de vehículos eléctricos se encuentran estancadas en aproximadamente un 13% de la cuota de mercado en Europa, lo que representa un déficit alarmante de 10 puntos porcentuales respecto a las expectativas. Este desajuste plantea serios retos a la industria que podrían ser difíciles de superar en el plazo previsto.

Acea también ha señalado que una declaración clara y contundente de apoyo por parte de la Comisión Europea en este momento crítico es vital para preservar la competitividad y los puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de suministro automotriz.

El presidente de Acea y consejero delegado de Grupo Renault, Luca de Meo, ha advertido que, sin una declaración política inequívoca antes de finales de 2024—una solicitud respaldada por los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y otros países europeos—, el sector automovilístico podría perder hasta 16.000 millones de euros en términos de capacidad de inversión. Las opciones para enfrentar esta crisis incluyen pagar multas, reducir la producción, asociarse con competidores en el extranjero o vender vehículos eléctricos a pérdida.

De Meo subraya que esperar hasta que inicie el diálogo estratégico de la Comisión sobre el futuro de la industria automotriz, o hasta la revisión de la normativa de emisiones de CO2 en 2026, "no es viable, aunque ambas iniciativas sean bienvenidas y necesarias". Asegura que los fabricantes requieren claridad inmediata para finalizar sus estrategias de cumplimiento y para llevar a cabo acuerdos de agrupación y otras medidas necesarias para el año 2025.

El también directivo del grupo francés enfatiza que, en un sistema eficiente, las multas deberían ser una excepción y no una norma. Evitar sanciones debe fundamentarse en criterios sólidos, no en prácticas que puedan causar daños colaterales al sector.

Aceas informa que sus miembros han prometido invertir 250.000 millones de euros en la transición hacia una movilidad más ecológica, y que todos están comprometidos con su éxito. Sin embargo, De Meo reconoce que la transición actual no progresa como se esperaba y que seguir con una rigidez legal podría llevar a consecuencias irreversibles. Proporcionar mayor flexibilidad legal, a su juicio, permitirá mantener el flujo de inversiones y avanzar en la transición ecológica.

Finalmente, Acea destaca que las medidas que están siendo consideradas para aliviar la carga de cumplimiento, como la implementación gradual de normas o el cálculo de cumplimiento promedio en varios años, no alterarán los objetivos de CO2 ni afectarán las metas climáticas generales de la UE, sino que se orientan a abordar las realidades del mercado que escapan al control de los fabricantes. Menciona factores como las tensiones comerciales, el incremento de los costos de producción, el lento progreso de infraestructura de carga y la reducción de subsidios a la compra como elementos que deben ser considerados en este contexto.