El pasado martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a un nuevo real decreto ley diseñado como un 'escudo social' que extenderá la protección ante desahucios hasta el 31 de diciembre de este año, especialmente en casos de personas vulnerables sin una alternativa habitacional. Esta medida permitirá que los inquilinos permanezcan en sus viviendas incluso si el propietario es un fondo buitre o un gran tenedor con tres o más viviendas.

Una de las novedades más significativas de esta legislación es que, a diferencia de años anteriores, ahora no se aplicará la moratoria de desahucios a propietarios que posean uno o dos inmuebles. Esta decisión se ha tomado en consenso con el PNV y provocará que los servicios sociales se responsabilicen del realojo en estas circunstancias.

La prórroga mantiene las condiciones establecidas desde 2020, respecto a la vulnerabilidad de los propietarios: si un propietario puede demostrar su situación de vulnerabilidad, el desahucio seguirá adelante. Esta normativa ha permitido, desde su implementación inicial relacionada con la crisis del Covid-19, proteger a entre 50.000 y 60.000 familias vulnerables al garantizar su acceso a una vivienda.

La prohibición de los desahucios se activa principalmente en situaciones de arrendamiento donde el inquilino no puede cumplir con el pago de la renta. Así, para que se ejecute el escudo social, los servicios sociales deberán confirmar la vulnerabilidad del inquilino, y será la decisión de un juez la que dictamine si se suspende o no el lanzamiento del inquilino, permitiendo al arrendador un plazo de diez días para presentar su propia situación de vulnerabilidad.

En circunstancias donde el propietario demuestre tener una vulnerabilidad mayor que la del inquilino, las administraciones públicas están obligadas a proporcionar una alternativa habitacional, lo que puede conllevar al desahucio del arrendatario. Este nuevo decreto también establece que la suspensión no aplicará a arrendadores con uno o dos inmuebles, por lo que serán los servicios sociales quienes tengan que gestionar la búsqueda de alojamiento para estas propiedades.

En aquellos casos donde un inquilino no pague su renta por falta de voluntad y no por una razón de vulnerabilidad, el Gobierno recuerda que este comportamiento debe ser abordado a través del sistema judicial, y el escudo social no entrará en acción. Esto implica que si no existe un contrato formal entre la propiedad y el inquilino, se podrían dar situaciones de allanamiento o usurpación, con un proceso judicial correspondiente.

Con esta prórroga del 'escudo social', las medidas de protección para familias vulnerables en riesgo de desahucio se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026, y los propietarios y arrendadores podrán solicitar compensaciones hasta el 31 de enero de 2027.

Este decreto entrará en vigor después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y deberá contar con la ratificación del Congreso en un plazo máximo de 30 días. El nuevo 'escudo social' no solo se centra en proteger a quienes arrendan a grandes tenedores, sino que también favorece a pequeños propietarios al limitar la prohibición de desahucios.

Los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad podrán solicitar la suspensión de su desahucio, disponiendo para ello de la evaluación de servicios sociales, que abordarán la situación particular de cada caso. La decisión final corresponderá a un juez, quien examinará la información presentada al respecto.

En situaciones donde se demuestre que el arrendador es más vulnerable que el arrendatario, las administraciones serán responsables de buscar soluciones habitacionales conforme al informe de servicios sociales. Además, es importante destacar que las medidas de protección no aplican a quienes hayan okupado una vivienda de forma violenta, así como a aquellas propiedades residenciales que ya estén asignadas a otros solicitantes.

El proceso se componen de compensaciones para arrendadores afectados por la imposibilidad de desalojar a familias vulnerables, con criterios que buscan minimizar el impacto económico para los propietarios. También se ha habilitado un paquete de avales y subvenciones para cubrir impagos, dotado con 300 millones de euros por el Gobierno recientemente.