En las últimas horas, tres especialistas de la Organización de las Naciones Unidas han emitido un fuerte llamado de atención sobre las alarmantes violaciones que sufren los derechos de los niños en el contexto de la migración en Estados Unidos, especialmente desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. Estos expertos denunciaron la existencia de deportaciones ilegales de menores no acompañados, entre los que se encuentran víctimas de trata.

Los expertos —Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas; Gehad Madi, encargado de los derechos de los migrantes; y Margaret Satterthwaite, responsable de la independencia judicial— enfatizaron la preocupación por una orden emitida el 18 de febrero de 2025 por el Departamento de Interior estadounidense. Esta disposición provocó que numerosas organizaciones sin fines de lucro que ofrecían apoyo legal cancelaran sus operaciones y pararan la financiación a los abogados que defendían a los jóvenes migrantes.

A pesar de los esfuerzos legales en contraposición a esta directiva, miles de los 26.000 menores afectados han visto perjudicada su representación legal y corren el riesgo de ser deportados a pesar de tener derecho a recibir ayuda. Además, se ha registrado un aumento en el tiempo promedio que los menores pasan bajo tutela de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que subió de uno a seis meses en un lapso de enero a agosto. Igualmente, la cantidad de niños entregados a familiares o cuidadores disminuyó drásticamente del 95% al 45%, dejando a muchos en condiciones inaceptables que incluyen la reclusión en celdas sin ventanas y la separación prolongada de sus padres o cuidadores.

Los expertos alertaron acerca de las constantes denuncias de deportaciones ilegales de menores no acompañados, incumpliendo las normativas internacionales de no devolución y exponiendo a muchos a situaciones de riesgo, incluyendo aquellos que son o podrían ser víctimas de trata de personas. Algunas informaciones indican que ciertos menores han sido coaccionados para aceptar un pago a cambio de su autodeportación, enfrentándose de lo contrario a la dura realidad de una detención indefinida y el traslado a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir la mayoría de edad.

Asimismo, hicieron un llamado urgente para que se respete el derecho de los niños a recibir representación legal, subrayando que someter a estos menores a procedimientos migratorios complejos sin el apoyo adecuado es una violación grave de sus derechos fundamentales. Reiteraron la necesidad de establecer procesos judiciales que consideren adecuadamente las circunstancias y necesidades específicas de los menores en todos los casos de inmigración y asilo.

Esta situación se ha vuelto aún más relevante tras la reciente captura de un niño de cinco años en Minnesota, durante una operación enfocada en su padre, un inmigrante ecuatoriano, por parte de agentes del ICE. La imagen del pequeño, rodeado por los oficiales frente a un vehículo policial, ha resonado ampliamente, representando las controversias en torno a las acciones de este organismo.