En un giro revelador en el ámbito judicial, el exjefe de Información de la Policía, Germán Rodríguez Castiñeira, ha declarado este martes ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, confirmando que Enrique García Castaño, quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), le instó a investigar los antecedentes policiales de los 69 diputados de Podemos. Rodríguez Castiñeira se mostró firme en su negativa a cumplir con dicha solicitud, argumentando que implicaba una acción ilegal.

Según fuentes del ámbito jurídico que han compartido información con Europa Press, Rodríguez Castiñeira ofreció su testimonio durante su declaración como investigado, en el contexto de las indagaciones que se llevan a cabo sobre supuestas investigaciones inadecuadas y sin control judicial respecto a varios miembros de la formación morada.

En su declaración, el exdirigente policial expresó su molestia ante la solicitud de García Castaño, argumentando que este último rápidamente se retractó al afirmar que su pedido había sido una broma. A lo largo de su comparecencia, Rodríguez Castiñeira también mencionó que García Castaño no le aclaró quién emitió la orden desde un rango superior.

Desde la formación política Podemos han presentado una querella por múltiples delitos, que incluyen organización criminal, apoderamiento y la revelación de secretos, así como prevaricación administrativa y falsedad documental. Aunque también se incluyeron acusaciones de malversación y delitos contra las instituciones del Estado, el magistrado desestimó estas últimas, ya que no se encuadraban dentro de los hechos expuestos en la querella.

En el documento presentado, Podemos alegó que los individuos querellados, supuestamente bajo el mando del entonces secretario de Estado de Seguridad, se dedicaron a llevar a cabo investigaciones prospectivas que carecían de cualquier justificación policial válida y no contaban con supervisión judicial o del Ministerio Fiscal sobre los integrantes de esta organización política.

Adicionalmente, la denuncia hacía hincapié en que el implicado Martínez informaba de manera habitual a Fernández Díaz, abusando de su posición como autoridad pública, en complicidad con ciertos agentes de la policía.

El objetivo principal de estas acciones, según el partido, habría sido filtrar dicha información a los medios de comunicación, bajo la supuesta credibilidad de las "fuentes policiales", con la intención de desacreditar a la formación ante la opinión pública y comprometer así la integridad de sus diputados y otros cargos públicos.

La querella detallaba diversas actuaciones que reflejaban este modus operandi, incluyendo investigaciones dirigidas al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, a través del informe PISA, la divulgación de un documento considerado "falsario" relativo a una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited, y la alteración de documentos o registros internos policiales para simular legalidad en las acciones de los querellados.