Exdirector de Logirail niega indicaciones de Ábalos en contratación de Claudia Montes

El exdirector general de Logirail, Óscar Gómez, declaró en el Tribunal Supremo que Claudia Montes, vinculada a José Luis Ábalos, desempeñó funciones en la filial de Renfe tras un inicio irregular que incluyó ausencias y condiciones laborales precarias. Gómez afirmó que Montes cumplió con su trabajo en el momento en que las condiciones mejoraron, sin recibir instrucciones directas del exministro o de su asesor para favorecerla.

Este testimonio se enmarca en la investigación sobre la trama de mascarillas y contratos presuntamente irregulares vinculados a altos cargos políticos y empresariales. La polémica surge en un contexto donde la oposición y algunos medios cuestionan posibles influencias políticas en decisiones laborales y contrataciones públicas, en un escenario de mayor escrutinio sobre la gestión de recursos durante la pandemia.

El relato de Gómez revela que la contratación de Montes ocurrió en un entorno en el que se detectaron irregularidades en uno de los principales proyectos de Logirail, dedicado a trenes turísticos. La situación incluyó una oficina improvisada y la ausencia inicial de la persona asignada, lo que generó dudas sobre la idoneidad del puesto y el cumplimiento de los requisitos laborales.

Desde el ámbito político, estas declaraciones refuerzan las sospechas sobre posibles favores o influencias en decisiones administrativas relacionadas con personajes vinculados a figuras del Partido Socialista, como Ábalos, en medio de un debate sobre transparencia y gestión pública. La investigación continúa en busca de esclarecer si existieron instrucciones oficiales o si las contrataciones respondieron a intereses particulares.

El contexto más amplio refleja un momento en que la política española enfrenta un aumento en la demanda de mayor transparencia en la gestión pública, especialmente en contratos y nombramientos relacionados con la pandemia y la recuperación económica. La oposición insiste en que estos casos evidencian posibles prácticas poco éticas que minan la confianza en las instituciones.