Crónica España.

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Exdirector de la Guardia Civil niega dar chivatazo a Koldo: "Nunca hemos hablado ni tenido trato"

Exdirector de la Guardia Civil niega dar chivatazo a Koldo:

El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha cuestionado la inclusión de su nombre en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) a pesar de lo que él considera como indicios débiles, al mismo tiempo que ha negado cualquier tipo de trato con el comandante Rubén Villalba.

MADRID, 28 Oct. - El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha negado de manera categórica que su traslado a la Embajada de España en Estados Unidos esté relacionado con los informes de la UCO ni que haya sido responsable de filtrar información a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Asimismo, ha desmentido tener vínculos con otro implicado, el comandante Rubén Villalba, más allá de autorizar su cese.

"Nunca he tenido contacto alguno con él, ni he mantenido reuniones, intercambiado mensajes por WhatsApp o Telegram, o cualquier otra forma de comunicación; no lo conozco", afirmó Marcos al ser interrogado sobre Koldo García durante su comparecencia por videoconferencia en el Senado.

Ante las preguntas de UPN, Marcos explicó que su salida de la Guardia Civil después de 15 meses como director general se debió a su deseo de regresar a su cargo como consejero de Información en la Embajada de España en Washington, donde ya había trabajado entre 2009 y 2012, asegurando que esta decisión se tomó una vez cumplida su misión de aportar estabilidad a la institución armada.

Además, rechazó la noción de que su traslado a la Embajada fuera un premio político del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacando sus 44 años de servicio en puestos relevantes por libre designación como parte del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, incluyendo su labor como director general de Protección Civil y Emergencias durante la pandemia.

"He ocupado cargos de importancia de forma ininterrumpida desde 1989; no hay premios ni encubrimientos, no hay nada que callar ni ocultar", enfatizó Marcos durante su comparecencia, instando a que los informes de la UCO sean analizados en su totalidad y no de manera parcial.

Leonardo Marcos insistió en que durante su mandato como director general no revisó directamente los informes de la UCO debido a que no era parte de sus funciones supervisar las actividades de la unidad policial en su rol de policía judicial bajo mandato judicial, por lo que su conocimiento se basa en lo divulgado por los medios de comunicación.

En este contexto, desvió la atención de los senadores hacia los "investigadores" que, según él, han determinado que no estuvo involucrado en el chivatazo. Enfatizó en la pregunta sobre por qué su nombre aparece en el informe a pesar de las pruebas consideradas débiles.

En repetidas ocasiones, el exdirector de la Guardia Civil negó cualquier participación en la conversación donde el comandante Rubén Villalba y Koldo García discutieron su presunta relación con la filtración de información. Marcos calificó estas acusaciones como "comentarios entre implicados" y los calificó como "absolutamente falsos".

Asimismo, indicó que no mantuvo ninguna relación con Rubén Villalba más allá de tomar medidas disciplinarias tras conocerse su presunta implicación en la trama por conductas irregulares, lo cual resultó en su destitución como agregado en la Embajada de Venezuela.

Ante las preguntas sobre la participación de Rubén Villalba, quien forma parte del Servicio de Información, en el suministro de teléfonos móviles seguros a la trama, Marcos se disculpó por no poder proporcionar detalles debido a cuestiones operativas que no estaban bajo su alcance como director general.

También afirmó que no tiene constancia de que ninguna asociación profesional de la Guardia Civil haya presentado denuncias en su contra, a pesar de las amenazas de demandas por parte de AUGC y JUCIL.

Finalmente, planteó a los senadores la posibilidad de que las demandas en su contra sean un intento de venganza por expedientes abiertos en respuesta a manifestaciones públicas contrarias a la ley de amnistía, y se preguntó si estas acusaciones tienen motivaciones políticas.